Leyes históricas

En los últimos días del pasado año la Asamblea nacional francesa aprobó por holgada mayoría de los contadísimos parlamentarios presentes una ley oficialmente llamada de “represión de la impugnación de los genocidios reconocidos por ley”, y vulgarmente ley del genocidio armenio. La decisión legislativa vino precedida de cierta agitación, no solo por las decenas de manifestantes que las asociaciones franco-turcas engrasadas por Ankara congregaron ante el edificio de la cámara, y fue seguida por la reacción oficial de Turquía, retirando al embajador, suspendiendo relaciones de cooperación cultural o militar e instando el reconocimiento de un genocidio francés en Argelia, todo en medio de una escalda verbal que no por estar dirigida más bien para consumo interno es menos desasosegante. La verdad es que nadie ha explicado muy bien la razón de ser de esa ley en cuyo origen se quieren ver motivos espurios de orden interior o internacional, y pocos esperan que deje de ser ratificada por el Senado en los próximos meses. Cuando entre en vigor quien discuta o “minimice” la existencia o el alcance del genocidio armenio podrá sufrir pena de cárcel y elevadas multas.

El llamado genocidio armenio es una cuestión extremadamente controvertida. Resulta indudable que entre 1915 y 1916, pretextando su alejamiento de la frontera para evitar su colaboración con el enemigo ruso, el gobierno otomano llevó a cabo una deportación en masa de armenios de Anatolia en medio de atrocidades y abusos de toda índole, también que aquello fue culminación de violencias repetidas de tiempo atrás, y que como consecuencia de ello murieron cientos de miles de personas. Cuántas exactamente es difícil de saber, entre otras cosas porque no parece haber habido censos fiables de población armenia, y hasta qué punto lo ocurrido fue producto de un plan específico de extermino, como parece, discutible porque los archivos turcos no son especialmente abordables. Parlamentos y otras instituciones de varios países han condenado formalmente aquella masacre en un proceso en que la Asamblea francesa ha dado un paso más. En Turquía el asunto es tabú, y sin necesidad de leyes específicas, sólo aplicando el código penal en lo relativo a delitos de traición y actos contrarios al interés nacional, se impone una verdad oficial que excluye otras interpretaciones, como se demostró hace pocos años a expensas de Orhan Pamuk.

Dejando a un lado las que se han expresado en turco, entre las pocas voces críticas que se han hecho oír frente a lo aprobado en Francia tal vez la más sonora y mejor articulada haya sido la de “Libertad para la historia”, si bien lo que ha dicho no tenga mucho que ver con lo sostenido por el gobierno de Turquía. Se trata de una asociación de historiadores surgida de un manifiesto que 2006, y ante el avance de decisiones políticas que preludiaban lo que ahora ha culminado, firmaron varios de los más prestigiosos historiadores franceses y cuya presidencia ocupó hasta su muerte René Remond. En pocos meses se adhirieron a aquel manifiesto centenares de profesionales de la historia y en 2008, con el llamado Appel de Blois, la iniciativa alcanzó dimensión europea respaldándola más de un millar de historiadores de todos los países. El manifiesto original y el objeto de la asociación, que de manera alguna resta un ápice de su trascendencia moral a aquella carnicería criminal, sostiene algo muy simple: que es impropio de un Estado democrático la proclamación de verdades oficiales en cuestiones de carácter histórico discutibles y problemáticas, o como ha dicho el actual presidente de la asociación, Pierre Nora, la “sovietización de la historia”. Que es inaceptable que al historiador se le señalen límites y se le impongan criterios y métodos; que la historia como ciencia tiene que explicar, no exaltar o abominar, y que es algo más que memoria parcial y modelable.

En una etapa de su pasado como ciencia la historia jugueteó con la idea de que existen “leyes históricas”, es decir constantes y regularidades en virtud de las cuales ante determinados supuestos las respuestas son iguales y pueden establecerse como universales, igual que en los fenómenos estudiados por las ciencias duras. Parte de los inmensos logros intelectuales de la mejor historia desde hace medio siglo ha derivado del abandono de ensoñaciones positivistas como ésa, pero tal vez con una acepción más restrictiva y penitenciaria los historiadores tengan que volver a lidiar con leyes históricas o sobre la historia. Por eso es tan importante y tan esperanzador que “Libertad para historia” exista y hable. En España hemos tenido nuestra propia versión de intrusismo dogmático del poder político en materia de verdades históricas oficiales, en forma de leyes sobre “memoria histórica”. Por más que hayan sido muchos los historiadores que privadamente hayan abominado de ese despropósito sectario nada conjunto han hecho, y tal vez hayan sido más los que han jaleado con entusiasmo esa arbitrariedad. A estas alturas, todavía, “ex Parisie lux”.