Hace unos días, Esperanza Aguirre y Ana Botella anunciaban el posible desembarco en la capital de un macrocomplejo de juego y ocio traído por Sheldon Adelson, multimillonario propietario de cuatro casinos en Asia y Estados Unidos. Según dijeron, ambos gobiernos están dispuestos a “cambiar todas las normas que haya que cambiar” para atraer la inversión aunque muchas de las propuestas del magnate son inviables con la actual legislación fiscal, laboral y sanitaria.
Sería la auténtica milla de oro de la capital. Una avenida de 1,6 kilómetros sobre la que se erigirían, al más puro estilo Las Vegas, casinos, hoteles temáticos, restaurantes, teatros, centros comerciales, centros de convenciones y hasta varios campos de golf. El delirio expansivo del señor Adelson, un magnate de los megacomplejos de ocio que amasa la octava mayor fortuna del mundo, pretende aterrizar en Madrid a lo largo de 2012 y, tanto la Comunidad como el Ayuntamiento, se han mostrado encantados con la idea.
La pasada semana, Esperanza Aguirre y Ana Botella, hablaban entusiasmadas de los 260.000 supuestos puestos de trabajo que el ‘EuroVegas’ generaría, una cifra que equivale al 50 por ciento de parados de la capital y al 5 por ciento de los de España. “Es un rayo de luz que viene en estos momentos de oscuridad”, dijo una poética Aguirre.
Lo cierto es que a la economía del país no le vendría mal un Las Vegas madrileño. Según un informe elaborado por el Boston Consulting Group, supondría una inversión de 16.900 millones a lo largo de 13 años. La estrategia a seguir sería la misma que ha empleado Las Vegas Sands Corp, propiedad de Adelson, en Estados Unidos, Macao y Singapur: comenzar abriendo un casino y, con las ganancias que reporte, levantar un gigantesco complejo de ocio y apuestas que atraiga a las rentas altas de Rusia, el Norte de África u Oriente Medio. A los pocos años, se calcula que el impacto en el PIB de la Comunidad sería del 4,5 por ciento y del 0,7 por ciento en el español gracias a los 4,7 millones de visitantes anuales que atraería el complejo.
Estas exultantes cifras animaron a la presidenta regional a afirmar que se darán todas las “facilidades” a los inversores cambiando “todas las normas que haya que cambiar” para que se instalen en Madrid. El problema es que si se atiende a las exigencias del magnate habría que modificar leyes de rango estatal y autonómico, trastocar el marco laboral, fiscal e incluso sanitario, condiciones que han provocado el rechazo frontal de la oposición política y de los agentes sociales en la capital.
¿Qué pide Adelson?
El anciano de aspecto frágil no titubea cuando se trata de negocios. Entre las modificaciones legales que plantea está la modificación del Estatuto de los Trabajadores para relajar los convenios y la Ley de Extranjería para dar “un trato preferente” a sus empleados. También pide la creación de infraestructuras –metro, cercanías, carreteras y helipuertos- y que se ceda todo el suelo público en la zona –aún desconocida- reubicando las viviendas protegidas y expropiando el suelo privado. Así mismo, aboga por permitir la entrada a menores y ludópatas a las instalaciones y por que se permita fumar en las mismas, además de pedirle al Estado español que garantice un préstamo de 25 millones de euros que solicitaría a la UE.
Ninguna fuerza política en la oposición ha mostrado el mínimo optimismo por el proyecto. UPyD hablaba esta semana de una “república independiente de juegolandia”; Izquierda Unida de un patético remake de “Bienvenido Mister Marshall” en el que se “convierta Madrid en La Habana de los años 50”; el PSOE no cree de que este sea “el modelo de crecimiento económico que necesita la región” y por su parte, el sindicato UGT ha dicho que duda de “colonizadores del siglo XXI como Adelson que piden mucho y dan poco”.
Con todo, lo que más ampollas ha levantado, es el régimen de tributación casi nula en los tres niveles de la administración –estatal, autonómico y local- con medidas como la creación de una “zona franca” para los clientes no comunitarios, la devolución del IVA a las empresas del complejo, diez años de ‘vacaciones fiscales’ en lo que se refiere a la tasa sobre el juego, diez años de exención del IBI o la exención durante dos años y posterior reducción al 50 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social.
El presidente del Sindicato de Técnicos Hacienda GESTHA, Carlos Cruzado, no duda en afirmar que, bajo las actuales condiciones, la construcción de un Las Vegas castizo implicaría "de facto" la creación de un "auténtico paraíso fiscal en el corazón de España". Según comenta, la idea “excede todo lo razonable pues las administraciones dejarían de ingresar unas cantidades importantes que destinar, por ejemplo a políticas activas de empleo”.
Además, Cruzado sostiene que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal (Art. 31 CE) y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en España y que en estos momentos de crisis también necesitarían incentivos para salir adelante. "No puede haber una doble vara de medir a los contribuyentes" subrayó.
¿Qué va a pasar?En estos momentos, nadie parece saber nada del proyecto. Este periódico se ha puesto en contacto con fuentes regionales del PP en la Comunidad y el Ayuntamiento y, en ambas ocasiones, la respuesta ha sido que toda la información al respecto la tiene el Gobierno Central, de quien EL IMPARCIAL no ha obtenido contestación.
Quien sí contestó en rueda de prensa el pasado miércoles fue el ministro de Hacienda Cristobal Montoro quien afirmó que las reglas de inversión en España son "claras" y resulta inadmisible crear "un paraíso fiscal". "Obviamente, todo el mundo conoce las condiciones fiscales. Nadie pretende otra cosa", añadió.
Además, aseguró no conocer el proyecto a fondo, al igual que las demás administraciones, lo que plantea un problema y es que tanto el Gobierno municipal como el regional se han reunido una decena de veces con Adelson, en concreto desde el pasado mes de febrero cuando éste anunció su intención de localizar un ‘EuroVegas’ en la Península.
El único que ha dado esta semana algo más de información al respecto ha sido Ignacio González, portavoz del Ejecutivo regional, quien también ha negado que vaya a permitirse “una isla fiscal” en el macroproyecto si se lleva a cabo. "No hay que buscar polémicas, si no se reforma la ley es que no hay ninguna isla legal", ha remachado. “Las conversaciones para este proyecto las iniciamos en el año 2007. El problema es que en 2008, este grupo inversor sufrió la crisis y lo paralizó. Este grupo ha conseguido superar esta crisis, ha hecho inversiones importantes en otra parte del mundo, ha decidido retomar el proyecto y desde hace unos meses se ha vuelto a poner en marcha”, ha explicado, para insistir en que "no va a haber una isla fiscal".
Según el portavoz, no hay ninguna fecha tope para cerrar las negociaciones. El lunes, Aguirre estableció como única línea roja a la hora de aprobar cambios normativos sus “valores y principios”, que son: “Respeto a la ley, garantía del cumplimiento de contratos, y que no se vulnere el respeto a las personas y los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político”. Sin embargo, después matizó: “Hay algunas exigencias a las que se puede acceder y otras a las que no, habrá que verlo”.
