Termina la Educación para la Ciudadanía

Si la semana pasada fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien adelantó la reforma de la ley del Aborto aprobada durante el mandato del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy ha sido su colega en Educación, José Ignacio Wert, el que ha dado la puntilla a otra de las grandes iniciativas del Ejecutivo anterior, la implantación en las aulas de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. En su comparencia ante el Congreso de los Diputados para explicar los objetivos de su Departamento, Wert ha adelantado que esa materia será sustituida por otra denominada Educación Cívica y Constitucional por un motivo fundamental: “Su temario estará libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”.

El ministro de Educación no querido entrar en más detalles, salvo en insitir en que buscará el consenso con las demás fuerzas politicas y que intentará que la nueva asignatura entre en vigor el próximo curso, sobre los contenidos de Educación Cívica y Constitucional, aunque fuentes populares recuerdan que la postura del PP, expresada también en el programa electoral, se fundamenta en evitar que en los mismos se incluyan cuestiones que invadan el terreno moral propio exclusivamente de los alumnos y sus familias, entre ellos. La nueva signatura mantendrá los contenidos tendentes a la enseñanza de los valores constitucionales cívicos y democráticos, así como el funcionamiento de las instituciones españolas y europeas, según ha explicado el titular de Educación.

Analistas políticos consultados por este diario subrayan que “desde luego, al nuevo Gobierno no le está temblando el pulso a la hora de poner en marcha las reformas de aquellas cuestiones aprobadas por el Ejecutivo de Zapatero que provocaron algunos de los debates más enconados y llevaron a la celebración de multitudinarias manifestaciones en las calles, como la propia Educación para la Ciudadanía o la reforma de la Ley del aborto aprobada en 2010”.

En el Tribunal Supremo, el juez Baltasar Garzón se ha vuelto a sentar en el banquillo después de que se rechazara la petición de nulidad de las actuaciones dirigidas contra él por abrir una investigación sobre crímenes durante el franquismo sin permiso y haciendo caso omiso de la ley de Amnistía. El ex magistrado de la Audiencia Nacional ha declarado por espacio de dos horas y ha asegurado que “hice lo que tenía que hacer”.

Garzón, que no respondió a las preguntas de la acusación particular, sí contestó a las de su abogado defensor para asegurar que “no me guié para nada por el afán de notoriedad ni ideológicos, los jueces no estamos para ideologías sino para dar protección a miles de víctimas que tienen derecho a la verdad, a la justicia y la reparación”. El juez ha explicado los delitos que intentó investigar son imprescriptibles, pese a la ley de Amnistía aprobada tras la vuelta de la democracia a nuestro país, porque entren dentro de “contexto de delitos contra la Humanidad” y los ha comparado con las investigaciones que desarrolló contra la dictadura argentina y el régimen del fallecido general chileno Augusto Pinochet. Uno de los puntos más polémicos de su declaración ha sido cuando ha rechazado que la causa abierta contra el franquismo sea similar a las querrelas que se presentaron en su juzgado por los asesinatos que la República cometió en Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil y que se negó a investigar. En este caso, ha dicho, no se vio competente para abrir una causa “porque no había nada que adujera o se refiriera a delitos contra Altos Organismos de la Nación y en todo caso, la investigación correspondía al juzgado donde se habían producido los hechos. Se puede compartir o no, pero está perfectamente razonado y explicado”, ha concluido.

Por otra parte, intenso martes en el plano de la política antiterrorista. El presidente del Gobierno se ha reunido con el presidente del PNV, Iñigo Urkullo en el Palacio de la Moncloa. El dirigente nacionalista le ha pedido flexibilidad en la política penitenciaria, como también lo hizo la semana pasada el “lendakari” Patxi López para lograr la normalización del País Vasco. Urkullo ha ofrecido a Rajoy su apoyo para sumar la mayoría más amplia posible para conseguir el fin definitivo de ETA y su disolución y ha asegurado que ha encontrado al jefe del Ejecutivo receptivo a sus peticiones.

Sin embargo, en el Congreso de los Diputados, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la reinserción de los terroristas de ETA se hará “en todo caso de forma individualizada”, cumpliendo la actual política penitenciaria. “La única hoja de ruta es la de la aplicación de la ley”, ha asegurado el ministro. No obstante se ha mostrado dispuesto a una “política inteligente que aproveche las oportunidades que la nueva situación ofrece y que acabe con la manipulación de los presos y sus familias”.

El titular de Interior ha querido dejar claro que la banda terrorista mantiene “una estructura latente y activa en la clandestinidad” pese a haber anunciado el cese definitivo de la violencia y que no se “fía para nada de ella”.