El Gobierno limita las retribuciones de las cúpulas de entidades ayudadas o intervenidas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado la creación de una línea ICO para la financiación de las comunidades autónomas con una dotación de 10.000 millones de euros, ampliable a 15.000. El fin es evitar la morosidad de estas administraciones y la condición para el acceso es la disciplina presupuestaria.

Como era de esperar, el Ejecutivo ha dado luz verde a un real decreto ley de saneamiento del sector financiero, apoyado en cuatro puntos: saneamiento, restructuración, medidas de simplificación de los órganos rectores de las cajas de ahorro y, por último, limitación en las remuneraciones de los altos cargos en entidades de crédito que reciban ayudas. En palabras de la portavoz, "se trata de fortalecer la confianza en la sociedad española en nuestra economía y la credibilidad del sector bancario en el ámbito nacional e internacional".

Junto a De Santamaría se encontraba Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, para valorar y poner en contexto estas reformas. Ha subrayado que las condiciones para esa liquidez a las regiones son muy "estrictas". Principalmente, ha concretado De Guindos, condicionalidad fiscal (acordar con el Ministerio planes de ajuste que garanticen el cumplimiento de la estabilidad marcada por el Gobierno central) y, en segundo lugar, fiscal (informar a Economía de manera previa y con posterioridad de cada operación de endeudamiento, sin poder realizarla sin una autorización).

La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha tenido su punto de máximo interés en las retribuciones de las cúpulas bancarias. El Gobierno limita a 600.000 euros el sueldo de éstas en entidades que hayan recibido ayudas públicas a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a 300.000 en el caso de las, hasta el momento, cuatro intervenidas. El Gobierno también ha puesto el foco en simplificar la estructura de las cajas de ahorro que no tengan actividad de crédito, de modo que resten la asamblea general y el consejo de administración. Así, estima De Guindos, habrá una reducción de costes.

El titular de Economía y Competitividad ha querido poner de manifiesto que la pretensión del Ejecutivo no es establecer o imponer las remuneraciones en el sector privado y sí "dar ejemplo a la sociedad en tiempos difíciles".