Comentarios ministeriales

Algunos dirigentes del PP, y muchos palmeros mediáticos y académicos, llevan a gala lo de presentarse como liberales. Ser “liberal”, en el sentido prístino que la palabra tiene en español, me ha parecido siempre una virtud. El problema es que los que se autocalifican así lo suelen hacer para referirse a un único aspecto de la configuración de su espíritu: son liberales en economía, es decir, partidarios del laisser faire, laisser passer, de que el Estado no intervenga en asuntos económicos, que son la inmensa mayoría en sociedades tan complejas como las actuales. Esto me parece reducir la ideología liberal a una cuestión, ciertamente importante y central, pero no la única, ni siquiera, en mi modesta opinión, la principal de las ideas promotoras de las revoluciones que derrocaron el Antiguo Régimen. En resumen, que ser hoy sólo liberal me parece una cosa vieja, porque el liberalismo revolucionario del XVIII, que anclaba sus raíces en el también revolucionario liberalismo inglés del XVII, se ha enriquecido con los aportes de la democracia, de la socialdemocracia y de la democracia cristiana a lo largo del siglo XIX y del XX. ¡Hasta los conservadores, que se hicieron liberales, se convirtieron luego en demócratas y, en muchos casos, acabaron apoyando medidas sociales inspiradas en la democracia cristiana y en el socialismo democrático! Además, esta interpretación sesgada del liberalismo, en línea hayekiana, olvida lo que sobre la necesidad de la intervención estatal decían autores como Adam Smith, Jeremy Bentham o John Stuart Mill.

No he oído nunca a Mariano Rajoy defender a machamartillo este tipo de liberalismo económico. Contrariamente, le he escuchado varias veces matizar su posición al respecto y defender su compromiso con el “Estado social y democrático de derecho”, que dice el artículo primero de nuestra Constitución. Lo ha hecho sobre todo en los momentos en que Esperanza Aguirre saca su banderola liberal. No soy de los que piensan que la presidenta de la Comunidad de Madrid es una especie de ogro dispuesta a tragarse el Estado del bienestar, como el Tragasueños de los cuentos infantiles se come las pesadillas de los niños, aunque sus políticas respecto a la sanidad o la educación pública dejen, en mi opinión, mucho que desear, pero quien gana las elecciones en Madrid, mal que Tomás Gómez –tan dado a pontificar– no sepa explicar ni explicarse por qué, es Esperanza Aguirre, y, por lo tanto, es quien tiene derecho a llevar a cabo sus políticas.

Mas que Mariano Rajoy no haya apostado nunca por un liberalismo económico avant la lettre no justifica el giro intervencionista de algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno. El ministro Montoro ha hecho una reforma fiscal que hubiese firmado cualquier socialdemócrata de la postguerra europea, con subidas importantes en el IRPF teniendo en cuenta la progresividad del gravamen sobre las rentas –lamentablemente sólo sobre las del trabajo y echando la carga recaudatoria sobre las mismas espaldas de siempre–. Ahora sale la vicepresidenta Sáenz de Santamaría diciendo que uno de los objetivos de la reforma financiera es conseguir que se reduzca el precio de las viviendas. Ciertamente, no es una posición muy “liberal” la de intentar intervenir desde el Gobierno en un mercado tan sensible como el de la construcción y sus implicaciones financieras. Hubiera sido muy positiva una medida de este corte hace diez o quince años, cuando gobernaba Aznar y el precio de los pisos estaba desenfrenado, pero ahora que el mercado inmobiliario se ha hundido y muchos ciudadanos deben al banco más dinero del que valen sus casas, lanzar el mensaje de que se quiere tirar el precio de las mismas todavía más a la baja, si no por el suelo, es realmente imprudente, y podría dejar a muchas familias en una situación difícil. Ni siquiera está claro que los bancos, supuestos beneficiarios de la medida como grandes propietarios de pisos y de terrenos embargados, estén por la labor de vender muy por debajo del precio que esos activos tienen en sus balances. En el fondo, esta política sólo contribuirá al disgusto de un buen número de ciudadanos, que verían cómo el precio de sus bienes desciende aún más, y al cabreo de otros muchos que, teniendo sus casas en venta, ven que el Gobierno, siguiendo en esto al anterior, prefiere beneficiar a la banca y no a los ciudadanos.

Y cambiando de tercio –dicho sea en homenaje a un ministro de Cultura que ha empezado con una nítida defensa de los toros–, también parece responder a una cierta concepción liberal –aquí no en el plano económico–, la propuesta inmediata de cambiar el plan de estudios de Educación para la ciudadanía y hasta el nombre de la materia, porque hay cosas, de las que, según algunos liberales, no conviene dejar ni rastro. El ministro Wert ha apoyado su iniciativa en que esta materia, compuesta de varias asignaturas en diferentes cursos, suponía un sesgado “adoctrinamiento ideológico” de los alumnos. Hace ya años escribí en estas mismas páginas un artículo defendiendo esta materia y analizando los contenidos que se habían aprobado para la misma, que, en mi modesta opinión, no suponían ningún intento de adoctrinamiento. Otra cosa es que algunos manuales hagan una interpretación doctrinaria y un tanto absurda. Recuerdo que vi uno en que la familia compuesta por madre, padre e hijos salía en una foto en blanco y negro de los años de la dictadura franquista, como algo carca y retrógrado, y aparecían los nuevos tipos de familia homosexual en colores atractivos y dando una imagen de modernidad. No tengo nada contra las relaciones homosexuales, pero me parece poco acertado la manera de presentar el tema por parte de ese manual, cuya editorial he olvidado, pero de ahí a pensar que el programa de la materia incitaba a un determinado adoctrinamiento ideológico me parece que hay un paso demasiado largo.

Las palabras del ministro Wert son además contradictorias con el mantenimiento de las clases de religión, financiadas con dinero de todos, en los colegios públicos, y con la financiación de los colegios concertados eclesiásticos también con dinero público, porque ahí sí que hay un claro adoctrinamiento ideológico, una educación en determinados valores que no necesariamente compartimos todos y que, por lo tanto, no debería pagarse con dinero público. Toda educación, lo es valores, lo importante es que los que transmita la escuela pública sean los que están recogidos en nuestra legislación y, especialmente, en nuestra Constitución. El Derecho, como reconoció el mismísimo Kelsen en “¿Qué es la justicia?” –su última conferencia como catedrático en la Universidad de Berkeley– a pesar de haber estado decenios defendiendo la Teoría pura del Derecho, se fundamenta siempre en valores. Los liberales revolucionarios lo tenían claro y, por eso, a pesar de defender que el Estado tenía que intervenir poco en la sociedad, eran conscientes de que o acababan con el poder eclesiástico en la educación o nunca se transmitirían los valores del liberalismo, y, por eso, en Francia, en España, en los estados germánicos y luego en el Imperio con Bismark, en Italia, etc., los liberales fueron grandes impulsores de una educación pública que transmitiese los nuevos valores de la sociedad liberal frente al Antiguo Régimen.