CCOO y UGT de Madrid han anunciado que finalmente habrá una huelga general, de la que Méndez y Toxo no quieren hablar todavía. Fuentes sindicales consultadas por este diario se refieren a la asamblea con los delegados sindicales, convocada para este martes, en la que se clarificará la postura de las diferentes sensibilidades, y en la que se tomará la decisión de convocar una huelga general o no. "Haremos lo que digan los trabajadores", aseguran fuentes de UGT, que, matizan, ven este recurso como "el último cartucho".

La ministra de Empleo,
Fátima Báñez, ha convocado esta mañana conjuntamente a los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez; y a los presidentes de las patronales CEOE, Juan Rosell, y de CEPYME, Jesús Terciado.
CCOO y UGT han advertido a la ministra de que algunos puntos de la reforma laboral podrían ser inconstitucionales, lo que ha rechazado la ministra, quien ha insistido en que los cambios introducidos son para lograr empleo estable, especialmente para los jóvenes.
Tras la reunión de casi una hora y media han comparecido en rueda de prensa por separado los representantes sindicales y la ministra, mientras que la CEOE no ha hecho declaraciones.
Toxo y Méndez han explicado que han transmitido a la ministra que algunos
puntos de la reforma podrían ser
contrarios a la ley, por lo que sus servicios jurídicos estudian la posibilidad de denunciarlos en el Tribunal Constitucional.
UGT y CCOO dudan de que la comisión nacional consultiva de convenios colectivos pueda emitir un laudo obligatorio cuando en ella también está representada la administración.
También estudian recurrir que los empresarios con menos de 50 trabajadores puedan aplicar el nuevo contrato fijo aprobado, que establece un período de prueba de un año (frente a los 6 meses que había antes) en el que se puede despedir sin indemnización.
Para Báñez
no hay ninguna inconstitucionalidad sobre el laudo porque las reglas son claras, dan seguridad jurídica y sobre todo es una solución respetuosa con los acuerdos de los agentes sociales.
Asimismo, ha reiterado que es completa, equilibrada y no va contra nadie.
Los sindicatos también han pedido a la ministra que, en el trámite parlamentario de la reforma, se reponga que el trabajador despedido pueda optar por la improcedencia o por la readmisión.
Báñez ha dicho que lo estudiará porque ahora es el momento de enriquecer la reforma y de llegar a acuerdos con los agentes sociales y los partidos.
Las explicaciones de la ministra no han convencido a Méndez y Toxo que han precisado que las movilizaciones, que se iniciarán el
19 de febrero con manifestaciones en toda España, se mantienen.
"Convierte a los trabajadores en esclavos"Los secretarios generales de CC.OO. y de UGT Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, han sido los encargados de dar
el mensaje más duro y han amenazado con una huelga general en el caso de que el Gobierno de Mariano Rajoy no dé marcha atrás en su "injusta, ineficiente e insolidaria" reforma laboral.
"No hay fecha para una huelga general, pero si no hay rectificación estamos en condiciones de augurar otras cosas", ha asegurado Martínez en rueda de prensa en la sede de UGT de Avenida de América, donde ha tachado la reforma laboral de "injusta, ineficiente e insolidaria".
En opinión del secretario general de UGT de Madrid, esta reforma "convierte a los trabajadores en
esclavos" y supone "una agresión histórica a los derechos de los trabajadores".
Montoro: "No creará empleo por sí misma"Mientras, el ministro de Economía,
Luis de Guindos, ha afirmado que la reforma supondrá a medio plazo un aumento de la competitividad y la productividad; y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que no creará empleo por sí misma, pero es una condición necesaria para ello, al tiempo que se necesita que fluya crédito, que las empresas vendan más y que se recupere el mercado.
Desde los partidos, la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, ha reconocido que si la situación económica fuera otra también hubiera sido otra la reforma laboral, pero ha subrayado que reactivará la economía y generará empleo.
La vicesecretaria general del PSOE,
Elena Valenciano, le ha respondido que tratarán "por todos los medios" de evitar que la reforma laboral "vea la luz" porque es "la agresión más importante a los trabajadores" de la democracia.
Los presidentes autonómicos también han entrado en la polémica: la de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi, opina que la reforma era necesaria; los de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo, y de La Rioja, Pedro Sanz, creen que servirá para disminuir el paro; y la de Madrid,
Esperanza Aguirre, destaca que acaba con un marco franquista y anticuado.
Para la Comisión Europea algunos elementos de la norma "van en la buena dirección" para reducir la segmentación entre contratos temporales e indefinidos.