Garzón es reprobable y, el principio de legalidad, nuestra garantía democrática

La segunda de las causas que se seguía contra Baltasar Garzón ha sido archivada por haber prescrito el delito del que se le acusaba. No obstante, la resolución judicial es un nuevo varapalo contra Garzón, por cuanto reconoce la existencia del delito en cuestión -cohecho impropio-, pese a la imposibilidad de enjuiciarlo por haber prescrito. O lo que es lo mismo, la preclusión de un plazo procesal salva a Garzón de una nueva condena.

En esta ocasión, lo que hizo el ya ex juez fue pedir dinero a cinco empresas para sufragar los gastos de sus estudios en el extranjero; empresas a las que o bien había investigado o bien iba a investigar. Esta acción, unida al hecho de no abstenerse en la instrucción de asuntos relativos a dichas empresas es ética y estéticamente inadmisible, y así lo ha acreditado el Supremo.

Y son igualmente reprobables –pero mucho más preocupantes- los ataques y descalificaciones que han sufrido los magistrados del Supremo que han juzgado a Garzón, como bien señalaba ayer el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar. Viniendo de personas con representación y responsabilidades públicas, dichos excesos resultan además intolerables y disfuncionales. En este sentido, los españoles deben acostumbrarse a respetar y defender el principio de legalidad: desde el Protágoras sabemos que es el diké, la defensa última de la democracia. Por un lado, Garzón ha sido condenado por prevaricar al vulnerar el derecho a la defensa de algunos imputados cuya causa él instruía. Por otro, se ha librado de una segunda condena por haber prescrito el delito -que sí cometió, como deja bien claro el fallo-, y se expone a una tercera por arrogarse competencias que no le correspondían en la mal llamada causa del franquismo. La ley es ley para todos, jueces y no jueces, con independencia de sus simpatías políticas. Y si Garzón la ha vulnerado, habrá de atenerse a las consecuencias, por más que haya quien quiera saltarse el principio de legalidad por intereses políticos.