Una posible sanción a destiempo

Ya no es una novedad que coincidan el mismo día la noticia de que una agencia de calificación rebaje la nota que le otorga a la deuda española y que el Tesoro del Reino coloque con una demanda creciente y a un menor interés los títulos de deuda que precisa vender. Resulta paradójico, como ha señalado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, si añadimos que la propia Moody’s ha elogiado las reformas del Gobierno. Pero por un lado la venta de nuestra deuda se debe, principalmente, a la decisión política del Banco Central Europeo. Y, por otro, la rebaja de Moody’s se debe al empeoramiento de las condiciones económicas, lo cual es indudable.

La Unión Europea controla la evolución de sus socios en los desequilibrios macroeconómicos por medio de diez indicadores, de los cuales España incumple seis. Suspendemos en paro, deuda pública, deuda privada, exportaciones, posición neta de las inversiones y el balance de nuestra cuenta corriente. Con excepción del paro, los otros cinco criterios suspendidos están íntima y estrechamente relacionados. Hay dos desequilibrios internos, el endeudamiento, público y privado, se financian desde el exterior. Y ese proceso se manifiesta con los tres desequilibrios exteriores: pérdida de cuota del mercado exportador, posición neta de inversión internacional y, finalmente, déficit por cuenta corriente.

El informe de la UE es previo a una posible sanción a España que podría alcanzar el 0,1 por ciento del PIB (poco más de 1.000 millones de euros en nuestro caso), si nuestro país no mejora la situación en estos indicadores significativamente. La UE pone el énfasis en la evolución del paro.

Europa hace bien en obligar a sus socios a reconducir la situación, pero en este caso podría cometer un lamentable error. Por un lado es claro que el Gobierno español está tomando las riendas de la situación, con un programa de recortes y reformas que, aunque puedan no ser suficientemente ambiciosas, sí muestran una voluntad real de atender nuestros apremiantes problemas. Por otro, la puesta en marcha de este programa agravará la situación del paro a corto plazo, en lugar de aliviarlo. De modo que la UE corre el riesgo de sancionar a España no a pesar de asumir sus responsabilidades sino precisamente por haberlo hecho. La Comisión debe exigirle a España que sea diligente en la gestión de la crisis, pero debe otorgarle el tiempo necesario para que los esfuerzos que ha realizado y los que le queda por asumir puedan empezar a dar sus frutos. No es una postura razonable ni inteligente, de parte del acreedor, atosigar al deudor que demuestra seriedad y voluntad de buen pagador.