Estatutos del PP: exigencia ética

En el marco del XVII Congreso del Partido Popular, que se celebra este fin de semana en Sevilla, se han aprobado por unanimidad unos nuevos estatutos de la formación. Entre su contenido más sobresaliente se encuentra el haber incidido en las exigencias éticas, que serán aplicadas con firmeza y disciplina, según han señalado Alberto Fabra, Ignacio Diego y Alicia Sánchez-Camacho, encargados de presentar la ponencia de los nuevos estatutos, quienes también han destacado que la transparencia, el rigor y la ejemplaridad presiden el renovado régimen disciplinario del PP.

Así, entre otros aspectos, los nuevos estatutos recogen que se abrirá expediente informativo a cualquier dirigente que esté implicado en un procedimiento judicial, y que este expediente informativo pasará a disciplinario si tiene que comparecer en un juicio oral. Asimismo se establecen una serie de sanciones a quienes sean imputados y juzgados en los Tribunales. Por otro lado, se intensificará el control del patrimonio y de las ganancias de todos sus mandatarios, exigiendo que entreguen al partido una declaración de sus bienes en el instante en que acceden a un cargo, y otra cuando lo dejen. También se han perfilado unas nuevas normas de contratación para la prestación de servicios, para que no quepa la menor posibilidad de secretismo y amiguismo, y todo se lleve a cabo de manera transparente.

Sin duda, el Partido Popular, a quien una mayoría muy considerable de los ciudadanos otorgó su confianza en las urnas, tiene la obligación de combatir cualquier atisbo de corrupción, lacra que se ha enseñoreado de nuestro país en los últimos tiempos de forma pertinaz. Y esa obligación, por supuesto, se hace extensiva a todos los partidos, pues en prácticamente todos ha habido casos de cohechos, tráfico de influencias, etc, así como, en general, de comportamientos incompatibles con el ejercicio de un cargo público. Tampoco estaría de más que los partidos aumentarán sus mecanismos de democracia interna y la posibilidad de listas abiertas en los comicios legislativos –como ha hecho el PSOE- elementos que contribuyen a la dedicación y compromiso de los políticos con los ciudadanos y a alejar tentaciones indeseables.

En estos momentos, lógicamente, a los españoles les preocupa de manera perentoria las insostenibles cifras de desempleo y la gravísima crisis que nos azota. En combatirlas el Gobierno del PP debe poner todo su esfuerzo. Pero no debe olvidarse el desprestigio en el que ha caído la clase política. Aunque a veces se haya generalizado, pagando justos por pecadores, a los ciudadanos les asiste la razón ante tantos desmanes, corruptelas y desvergüenza. Por ello, esa misma clase política ha de ser la primera interesada en que cambie la baja estima de los ciudadanos hacia ella. Los nuevos estatutos del Partido Popular parece que van en esta dirección. Claro que para que tenga su verdadero efecto no pueden quedarse en meras buenas intenciones, convirtiéndose en papel mojado.