Por unos partidos políticos europeos

En su origen, la Alta Autoridad, la Comisión, era clave en el sistema institucional de la Comunidad Económica Europea. Su independencia era elemento definidor y su función, velar por el interés general de la comunidad como algo diferente de los intereses nacionales. Como instrumento para expresar esa voz común se le atribuía en exclusiva el poder de iniciativa.

50 años de evolución han cambiado muchas cosas. Hay muchos más Estados miembros y, sobre todo, se han puesto en común muchas más políticas y se ha atribuido a lo que hoy es la Unión Europea muchas más competencias. De un proyecto económico con atribuciones en determinados aspectos se ha pasado a una unidad política; desde la aspiración por un mercado común se ha llegado a compartir una moneda. Desde el punto de vista social, se disponen de fondos de cohesión y estructurales que persiguen articular programas dirigidos a vertebrar la Unión a través de una mayor distribución de la riqueza y de la dotación de infraestructuras. Desde el punto de vista político, existen elementos que contribuyen a forjar una incipiente ciudadanía europea con representación parlamentaria.

En este proceso heterogéneo y por etapas ha habido momentos en los que se ha puesto de manifiesto un cierto déficit democrático. Las mayores atribuciones de las Instituciones europeas reclamaban una mayor participación política de los ciudadanos. Hoy, la máxima expresión de esta reclamación no es solo la elección de representantes al Parlamento Europeo a través de un sufragio universal directo, sino el incremento del papel que se le atribuye tanto en el proceso legislativo como en el de control a la Comisión Europea.

¿Qué sucede hoy? La lectura de las últimas reformas de los Tratados sirve para constatar una pérdida de peso institucional de la Comisión. Las mayores atribuciones y peso económico de Europa determinaron un giro dirigido a que el Consejo controlara en mayor medida las iniciativas que pudiera tomar el ejecutivo de Bruselas. Junto a esto, el Parlamento recibió también mayores potestades de actuación: se articula el proceso de codecisión entre éste y el Consejo como procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, su elección sigue estando marcada por las tensiones nacionales, con partidos políticos que actúan a nivel nacional y con programas políticos que se elaboran, irrealmente, desde la óptica de cada Estado miembro.

El resultado es que la gestión de la crisis está poniendo de manifiesto un importante déficit institucional. Son claramente Merkel y Sarkozy quienes están protagonizando las portadas de los periódicos en un proceso de toma de decisiones que se parodia atribuyendo su responsabilidad a un nuevo personaje bautizado como Merkozy en el que no se sabe si hay, y hasta que punto, otros protagonistas como el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, los mercados, etc. Ni siquiera parece que sea el Consejo el órgano rector, sino el lugar donde se refrendan iniciativas llegadas de quienes aparentemente son tecnócratas pero que no dejan de tener un alma y un espíritu inspirador.

¿Es esta situación suficiente y deseable? Hace año y medio que estamos asistiendo a Consejos de la UE en los que, cada vez, se encuentra el bálsamo de Fierabrás. Pero la verdad es que la situación no sólo no ha mejorado, sino que los últimos datos económicos no permiten ser optimistas. Se tarda en tomar decisiones y las mismas requieren de refrendos nacionales. La razón de que sea así es que los remedios que parecen necesarios no están previstos por el Tratado. Se marcha por detrás de los acontecimientos y con mucha imprevisión. Y se está al socaire de lo que sucede en cada Estado miembro, de decisiones guiadas por espíritus locales. Valga como ejemplo la deriva de los resultados electorales en Finlandia en 2011: el nuevo Parlamento de este país requeriría garantías financieras para asegurar la parte del esfuerzo individual asumido para el rescate de Grecia a través de préstamos.

En cuanto a la legitimidad política de estas actuaciones, baste observar lo que está sucediendo en varios países europeos. Han cambiado cuatro Gobiernos y, en dos casos – Grecia e Italia – ni siquiera han salido de las urnas; al contrario, ha quedado la imagen de que el placet europeo era más fundamental que la opinión que pudiera proceder de las Instituciones nacionales. En todos estos casos, las crisis políticas han tenido que ver con la necesidad de cumplir con unos planes económicos decididos fuera de sus fronteras. Es más, las caras que les ponemos a estos nuevos protagonistas del poder tampoco son las de los parlamentarios europeos; de hecho, la realidad refrenda de nuevo su falta de operatividad institucional. En fin, no se trata ya de que pueda cuestionarse que los órganos ejecutivos-legislativos de Europa, el Consejo y el Banco Central Europeo, puedan estar decidiendo como serán las pensiones y las políticas sociales de cada Estado miembro, sino que los propios Gobiernos nacionales parecen responder, no ante sus electores, sino ante instancias exteriores. Se muestra así una clara falta de operatividad institucional.

Y no piensen que la solución pueda venir del reforzamiento de las Instituciones nacionales. La respuesta no pasa por un Ejecutivo o un Legislativo de cada país más fuerte y de un recorte de las potestades de las Instituciones europeas. Los problemas de dimensión continental ya solo pueden afrontarse a través de más Europa. La debida superación de esta situación pasa por articular un sistema institucional del que participen todos los ciudadanos europeos en pie de igualdad. Esto requiere un modelo de participación política supranacional, unos partidos políticos europeos que planteen y protagonicen el interés general europeo. Es la forma de dar legitimidad a las Instituciones europeas; es la manera de que sea aceptable políticamente que asuman una representación de sus pueblos tomados en su conjunto que permita diseñar las políticas que requiere esta crisis y responder así ante los ciudadanos de sus actuaciones.