Intereses y poder sindical

En especial desde que la inmensa mayoría de los ciudadanos otorgó su confianza en las urnas al PP, y se consumó la presagiada debacle socialista, los sindicatos desempolvaron con mayor ahínco su retórica decimonónica y se recrearon en un escenario de movilizaciones, protestas y huelgas. Prácticamente estaba cantado que hiciera lo que hiciera el Gabinete de Rajoy, para los sindicatos siempre habría un motivo de confrontación, ya que seguro atentaría contra los derechos de los trabajadores. Hasta ahora, parece que no se han atrevido a convocar una huelga general, sobre todo, porque no las tienen todas consigo en cuanto a su eventual éxito. Se trata de un cartucho quemado hace mucho tiempo. De ahí que las movilizaciones celebradas ayer en cincuenta y siete ciudades españolas tuvieran mucho de forma de pulsar la respuesta ciudadana ante ese posible llamamiento a una huelga general. Una respuesta en la que el número de asistentes a las manifestaciones varía, como sucede siempre en estos casos, de manera abismal, según sea la fuente que proporciona los datos. Baste como significativo ejemplo que los sindicatos han proclamado a bombo y platillo que a la manifestación de Madrid acudieron medio millón de personas, mientras que fuentes policiales las cifran en cincuenta mil.

Pero no es la guerra de cifras o el mayor o menor éxito de la convocatoria el núcleo clave de la cuestión ni incluso el que sea un hecho que las centrales sindicales, con Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) a la cabeza, permanecieran mudas ante pasados despilfarros, negaciones de la crisis –y, en consecuencia, falta de medidas a tiempo-, y sangrante desempleo, realidades cuyas primeras víctimas fueron precisamente los trabajadores a quienes dicen defender. Pero, so capa de esa defensa, se esconde resguardar a capa y espada sus propios intereses. Según los sindicatos, la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy –motivo directo de las movilizaciones de ayer- es “injusta” y un retroceso en los derechos de los trabajadores. Pero lo que verdaderamente sucede es que con la nueva normativa disminuye el poder sindical, en relación, por ejemplo, con las negociaciones colectivas, herederas, por cierto, de los sindicatos verticales, y que hoy, en un panorama absolutamente distinto, resultan profundamente disfuncionales. En buena medida, los sindicatos españoles son un vestigio del antiguo régimen corporativo y se apoyan en una legislación del mercado de trabajo de inspiración mussoliniana, corporativa, cerrada e inflexible. Para perpetuar su poder, el actual sindicalismo necesita aferrarse a un modelo de mercado laboral abocado por la fuerza de los hechos a desaparecer.

Por supuesto, nadie pone en cuestión la existencia de los sindicatos ni su legitimidad en la convocatoria de manifestaciones y huelgas. La Constitución proclama a los sindicatos como interlocutores sociales Pero, la realidad es que estamos ante un sindicalismo anticuado cada vez menos útil a la actual vida económica y a los trabajadores que dice representar. En el propio beneficio de éstos, sería más que necesaria la modernización sindical, contar con unos sindicatos a la altura de los tiempos.