Garzón ya no es juez

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial daba ayer lunes carta de naturaleza a la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón. Se cumple así la sentencia del Tribunal Supremo que le inhabilita durante 11 años de inhabilitación por las escuchas del “caso Gürtel”, período que puede ampliarse si es encontrado culpable en la causa que se sigue por haberse declarado competente el la causa del franquismo. La resolución judicial en la que se dictamina que Garzón prevaricó -acreditando la Sala que vulneró algo tan fundamental como el derecho a la defensa- es tan demoledora como fundada; no en vano, fue adoptada por unanimidad, sin voto particular alguno. Eso es tanto como decir que los siete miembros del Tribunal tenían perfectamente clara la culpabilidad de Garzón.

Por el contrario, el caso de sus estudios en el extranjero y el dinero que pidió para sufragarlos fue sobreseído por haber prescrito el delito de cohecho impropio por apenas unos días, si bien aquí también se certifica que Garzón incurrió en dicho ilícito penal. Queda la tercera causa, en la que se le juzga por haberse extralimitado en su competencia para investigar los crímenes del franquismo, aunque a efectos prácticos la conclusión salta a la vista: en las dos primeras ha sido encontrado culpable, si bien en la segunda le ha salvado un plazo procesal. En el ámbito estrictamente privado, allá cada cual con sus simpatías. Y, en todo caso, es lamentable que una persona que ha demostrado arrestos y dedicación para enfrentarse a terroristas y mafiosos haya terminado de esta forma. Sin embargo, por lo que hace a la esfera pública, no es de recibo defender que alguien condenado por prevaricar siga en su puesto, sean cuales sean sus motivaciones políticas. Y es que a Garzón no se le ha condenado por éstas últimas, sino por haber violado la ley que -él especialmente en su calidad de juez- debía salvaguardar. El principio de legalidad está por encima de cualquier afán político o de protagonismo.