Una salida más digna para los desahucios

Respondía Luis de Guindos a una interpelación del diputado de Izquierda Unida Joan Coscubiela. Y en ese contexto ofreció sus propuestas para las familias “en riesgo de exclusión”. En concreto para las familias que tengan todos sus miembros en el paro y que no tengan ingresos adicionales. Es decir, que se les haya agotado la prestación y no tengan, por ejemplo, una vivienda en alquiler. Según el INE, el número de familias con todos sus miembros en el paro alcanza los 1.575.000.

En principio, el grupo humano al que alcanzan las palabras de De Guindos parece ser muy alto. Pero no todo el millón y medio largo de familias sin ingresos está adquiriendo una casa. De éstos, una parte cuenta con ahorros, por lo que responden con éstos a las exigencias de la hipoteca. Y de los que no cuentan ya con ahorros, aún una parte tendrán otra fuente de ingresos, aunque estará lejos de ser el caso más común. De hecho, los datos que facilita la prensa rondan los 100.000 a 150.000 los hogares que se ven abocados a perder su casa. No todos de esos tendrán a todos sus miembros en paro; no todo el tiempo, al menos.

Son muchas unidades familiares para las que su perspectiva de vida es terrible. Han pagado una parte de su casa, pero les queda otra por pagar. Y sus ingresos no son suficientes para hacer frente a la hipoteca. Esta deuda es lo último que se deja de pagar. Como ha explicado el portavoz de economía del Grupo Socialista, Valeriano Gómez, a estas familias se le suman los intereses de demora, muy altos, que agravan su situación financiera con cada mes que pasa. Luego si una familia se pone en esa tesitura es porque no tiene otro remedio.

Luis de Guindos habla de un “código de buenas prácticas”. Es decir, de una medida voluntaria, pensada para el grupo que hemos definido antes. Lo que se les ofrece es que las entidades que se sumen a estos códigos acepten la dación en pago o que ofrezcan una carencia de dos años para las familias que estén en esa situación.

Lo que ha llamado la atención es la dación en pago. Pero lo previsible es que los bancos acepten esta figura bajo ciertas circunstancias. Una, que el valor de la vivienda se acerque al valor de la deuda que queda por pagar. Si aún queda muy lejos, es probable que no lo acepten. Pero para facilitarlo, según la nota del Ministerio de Economía, el gobierno está estudiando la posibilidad de que las pérdidas derivadas de aceptar la vivienda para saldar la deuda sean deducibles. Y dos, si ven que las posibilidades económicas de la familia están muy deterioradas, les puede convenir que ésta no siga acumulando deudas con el banco sin visos de satisfacerlo.

Y aún queda la propuesta de dos años de carencia. Dos años. La cuestión es esta: ¿será un período suficiente como para que el conjunto de medidas del Gobierno faciliten la creación de empleo? Porque con el empleo recuperándose, y con él los ingresos de las familias, podrán prestar servicio a las deudas, aunque sea de nuevo retrasando otros planes de consumo.

En definitiva, lo que ha ofrecido el Ministerio de Economía es una salida posible, digna, tanto para las familias como para los bancos. Habría que valorar, eso sí, el coste que podría tener para el Estado. Pero probablemente sea asumible.