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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, se pronunciará hoy sobre la petición de ingreso en prisión bajo fianza eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, solicitada por la Fiscalía anticorrupción y la acusación particular en el marco del caso Palma Arena, ante el elevado riesgo de fuga del imputado y la posible alteración de pruebas dentro del proceso.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, anunció hoy que su partido aceptará la baja temporal como militante del ex presidente del Gobierno de Baleares, Jaume Matas, imputado en el caso "Palma Arena".

El lehendakari, Patxi López, ha respondido a las afirmaciones realizadas esta semana por Mayor Oreja en las que sugería que el Gobierno está negociando con Eta.

Ana Botella se perfila como la nueva portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid, tras la suspensión de militancia por un año al vicealcalde de la capital, Manuel Cobo. El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha abogado por Botella para este cargo, aunque ha matizado que esto es "una opinión" y no "una orden".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado que el PP recibe puntualmente "información exhaustiva" sobre la estrategia presente y futura de la lucha antiterrorista del Gobierno en la que el diálogo con Eta está "absolutamente descartado".

El ex presidente del Govern, Jaume Matas, tiene hasta la medianoche del próximo miércoles, 7 de abril, para abonar la fianza de 3 millones de euros que el juez José Castro le ha impuesto si quiere eludir ingresar en prisión provisional. Además, el magistrado le ha retirado definitivamente el pasaporte y le ha prohibido salir del territorio nacional, razón por la que Matas ha dimitido de su puesto de asesor en PricewaterhouseCoopers de Nueva York.

La Fiscalía anticorrupción imputa al ex presidente del Govern balear y ex ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, los delitos de malversación de caudales públicos --hasta en siete ocasiones--, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales y un delito electoral, que llevarían aparejada una posible condena de más de 24 años de prisión aunque penados con un límite máximo de cumplimiento de 18 años de cárcel, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Con el auge del bipartidismo, que se sirve de los nacionalistas para sacar adelante sus iniciativas, y la entrada en escena de partidos minoritarios, que no obtienen la representación proporcional a sus votos, las voces que reclaman una reforma de la Ley Electoral han cobrado protagonismo. El propio informe que el Gobierno encargó al Consejo de Estado sobre este asunto recomienda corregir la desproporcionalidad actual, como propugnan IU y UPyD. Además, el asunto sobre el peso político de los partidos nacionalistas en el Congreso también se cuestiona.