bar faisan

El juez que investiga el caso del 'chivatazo' a Eta no citará a declarar al secretario de Estado de Seguridad al considerar que su testimonio "no es determinante" para la investigación.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que el PP "ya no sabe por dónde salir" en el 'caso chivatazo' y le invitó a "inventar otra cosa para" la próxima sesión de control después de que los 'populares' le acusasen de haber ascendido "a todos los agentes que tuvieron relación con el caso".

El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha apuntado que "el caso del chivatazo a ETA es el caso GAL al revés: el GAL es la guerra sucia contra ETA y el Faisán es la guerra sucia contra la Policía".

El juez Baltasar Garzón ha recuperado una segunda cinta de vídeo sobre el caso del Bar Faisán, según informa en su edición de este martes el diario El Mundo.

La portavoz popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha acusado en Facebook a la vicepresidenta De la Vega de esconderse en el caso Faisán y no contestar las preguntas sobre el caso.

El presidente de los socialistas vacos, Jesús Eguiguren, y el presunto responsable del aparato de extorsión de Eta, Joseba Elousa, se reunieron en el bar Faisán poco antes del chivatazo que recibió el propio Elousa el 4 de mayo de 2006. Así lo desveló el cobrador de los terroristas ante el juez Fernando Grande-Marlaska, según una información de la que se ha hecho eco este lunes la portada del diario El Mundo. La intención de Eguiguren con este encuentro no era otra que contactar con la cúpula de Eta a través de Joseba Elousa.

El actual secretario de Estado llamó al número secreto que empleaba el director general de la Polícía, Víctor García Hidalgo, para contactar con Eta.

Cuando se cumplen tres años y medio de la causa sobre la supuesta filtración al dueño del bar Faisán, donde presuntamente se entregaban los pagos de la extorsión de Eta, y ante la intención de la Fiscalía de dar carpetazo a uno de los episodios más truculentos de la democracia, el PP y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil se han personado en la causa para que ese archivo no se produzca.