los afectados, en el parlamento europeo
Veintidós años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 -que tuvo efecto retroactivo- más de 400.000 familias continúan pagando impuestos e hipotecas para propiedades que, según el Estado, ya no les pertenecen por el deslinde efectuado, y muchas otras familias ven cómo se hunden sus viviendas, sin posibilidad de poder arreglarlas. Además, los vecinos denuncian la "arbitrariedad" del Gobierno a la hora de establecer las zonas afectadas que, en muchos casos, no afecta a complejos hoteleros o de ocio. La semana pasada, la Aeplc acudió al Parlamento Europeo para denunciar su situación.
