opinión

Fue el cantor de las energías limpias, el adalid de las centrales solares termoeléctricas, el alfil de la ley fotovoltaica. No le faltaba razón. Ese era el camino, junto al nuclear, para los países occidentales, dependientes de las veleidades del petróleo. Los inversores extranjeros así lo entendieron y vertieron sus dineros en España en un proyecto de largo alcance. Nuestra nación es un Estado de Derecho y la seguridad jurídica parecía intocable.

Pues, no. Zapatero se ha olvidado de lo que dijo, se ha ciscado en lo que legisló y ha modificado las condiciones que atrajeron a España una suculenta inversión extranjera. Ha actuado como una República bananera. Y, claro, las empresas extranjeras, afectadas por la incoherencia zapatética, han decidido solicitar un arbitraje internacional para obligar a España a que respete sus inversiones.

Con un 30% de reducción media en las primas, la financiación de las plantas en marcha se hará inviable. El Confidencial ha publicado un análisis penetrante de la situación y, ante la ambigüedad de Miguel Sebastián y la despreocupación de Zapatero, sólo queda el arbitraje internacional, que puede suponer un cachete considerable para Moncloa y un deterioro lamentable de la imagen de España.