Argentina y sus acreedores
lunes 30 de junio de 2014, 14:12h
Actualizado el: 07/08/2015 09:54h
Hace poco Cristina Fernández creaba una Secretaría de Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional en un tan pintoresco como inquietante intento de sustituir la pluralidad que es condición indispensable de las sociedades democráticas por una uniformidad kirchnerista. Y mientras se dedicaba a este menester, la situación económica del país, entre otros muchos y graves problemas, iba de mal en peor, amenazando con escapársele de las manos. Lo que prácticamente ahora ha ocurrido cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ratificado la sentencia del juez Thomas Griesa que obliga al país austral a pagar la deuda millonaria, impagada desde la crisis argentina de 2001, que le reclaman los fondos y otros acreedores. Lo que le supondría entrar en quiebra. La situación es sumamente delicada, pues Argentina se ha apresurado a decir que no puede hacer frente al pago este 30 de junio que es cuando vence.
No obstante, desde esa fecha se han establecido treinta días de gracia, con lo que el Gobierno argentino cuenta con un mes para encontrar una solución. Una solución sin duda en extremo complicada, máxime la actitud de Cristina Fernández que pretende un imposible, como es no pagar, y echa leña al fuego descalificando al juez Griesa –parece ser que lo tildó de “embargador serial”- por haber aceptado la demanda que ahora ratifica el Alto Tribunal.
Las declaraciones de la señora Fernández y de algunos de sus ministros prácticamente jactándose de que nunca pagarán es, desde luego, una opción. Pero no sin consecuencias. Pero es muy dudoso queconstituya una respuesta inteligente al problema. Muy al contrario: es una manera de poner en entredicho la seguridad jurídica en Argentina, lo que aleja a pasos agigantados las inversiones. La presidenta argentina no puede hacer caso omiso de una sentencia judicial. Lo razonable es que no rehúya su responsabilidad queriendo tirar por la calle de en medio y negocie con sus acreedores para llegar a un acuerdo en la forma de pago. Y esperemos que para ello no le pida consejo a la pomposa Secretaría del Pensamiento Nacional. Ya se sabe cuál sería su recomendación.