El agua es de todos los ciudadanos

El Consejo de Ministros aprobaba ayer un Real Decreto Ley por el que el Estado asume las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. En palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, “se trata de conseguir una gestión mucho más eficiente en materia de agua y de evitar duplicidades y solapamientos”. Mayor eficiencia y menor coste a la hora de administrar un recurso tan sensible como el agua es, a todas luces, un argumento difícil de rebatir.

Los recursos naturales pertenecen a los ciudadanos, no a las entidades administrativas. En España las comunidades autónomas gozan de unas cotas de autogobierno sin parangón en el resto del mundo. De hecho, uno de los principales problemas que plantea el estado autonómico es precisamente ese, la excesiva descentralización por motivaciones más políticas que racionales. Ello ha derivado en muchos casos en un vacío de competencias de la administración central, cuestión a la que el Gobierno intenta ahora poner remedio.

Derecha e izquierda tienen una serie de complejos sumamente arraigados; uno de los de ésta última -de la mano con los nacionalistas- es su lucha contra lo que entienden por “centralismo”. Más allá de matices decimonónicos o franquistas, lo cierto y verdad es que no estamos ante una confederación de 17 estados, sino ante un país de ciudadanos libres e iguales, articulado en comunidades autónomas. Y al igual que hay competencias periféricas, también debe de haberlas centrales. Tanto derecho tiene al agua del Ebro un aragonés como un gallego.