opinión

En lugar de legalizar los Estatutos vasco y catalán de la República, que era lo que tenía sentido común, a Fernando Abril se le ocurrió la fórmula del café para todos que Adolfo Suárez respaldó con entusiasmo. Se ponía en marcha el Estado de las Autonomías, sin calibrar los riesgos que eso suponía. Hemos creado diecisiete jefecillos de Estado con sus palacios, sus protocolos, sus secretarías, sus incontables funcionarios, sus escoltas, sus viajes gratis total, sus canales de televisión, sus caravanas de coches blindados, su descomunal parafernalia. Un derroche insoportable.

José Bono, con el buen sentido que le caracteriza, ha subrayado lo que pesa la losa de las Autonomías sobre la economía nacional con la duplicidad de las Administraciones. De los 600.000 funcionarios públicos que los españoles pagaban en 1976 hemos pasado a los más de 3.000.000 que nos agobian ahora. En plena crisis, las Administraciones han contratado a 215.000 funcionarios más. Una carga imposible de soportar.

El problema, pues, no radica sólo en el despilfarro del Gobierno de Zapatero que ha sido abrumador. Es que las Autonomías, salvo alguna excepción, hacen lo mismo y gastan sin freno, sin control, porque disparan con pólvora del rey.

Hay que reducir a cero el déficit de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos y embridar sus presupuestos. De nada le sirve al Gobierno el esfuerzo de austeridad si luego se despilfarra en Autonomías y Municipios. Es un escándalo lo que está ocurriendo con la inmensa mayoría de los Gobiernos autonómicos y con no pocos de los grandes Ayuntamientos. Hay que tomar muchas medidas pero la primera es una ley que diga: “Hasta que el número de funcionarios públicos se reduzca a un máximo de 700.000 en las tres Administraciones, de cada diez empleados públicos que se jubilen o fallezcan sólo se sustituirá a uno”.