opinión

Inútil andarse con tapujos. Imposible extender más veladuras. El Tribunal Constitucional, que se politizó desde su arranque con el asunto Rumasa, lleva varios meses en la picota. No es de recibo que casi cuatro años después no haya sentenciado sobre el Estatuto de Cataluña, texto jurídico que se aplica con entusiasmo, creando situaciones de hecho.

Además de esa circunstancia, todas las baterías del socialismo y el nacionalismo, con el regocijo añadido de Zapatero, están descargando sus proyectiles sobre el Tribunal Constitucional para paralizarlo y desprestigiarlo. Su presidenta se ha visto obligado a denunciar el insoportable acoso.

Zapatero necesita los votos del nacionalismo catalán. Los precisó para la investidura. Le hacen falta para aprobar los presupuestos. Por eso zigzaguea sobre el filo de la navaja del Estado del Derecho, fragilizando la democracia española de forma muy grave.

Y siguen las filtraciones para que se debata, se cuestione, se ponga en solfa el trabajo del Tribunal Constitucional. Hoy nos hemos enterado que frente a las concesiones de Elena Pérez Vera, el nuevo ponente Guillermo Jiménez, ha endurecido el texto que informará la sentencia del Tribunal. El Estatuto era atrozmente secesionista. Zapatero le dio el visto bueno, cumpliendo el compromiso contraído con los nacionalistas catalanes. Varios barones socialistas se rasgaron las vestiduras y embridaron el texto estatutario en el Congreso de los Diputados. Pero, según el nuevo ponente, quedan todavía al menos 22 artículos que son anticonstitucionales. Mientras más tiempo tarde el TC en sentenciar más se agriará la polémica. No se puede aplazar algo que hace al menos tres años debió quedar resuelto.