Hablar español en tiempos de crisis

Los datos del paro en España son tan preocupantes que deberían de focalizar la total atención de la vida política. Pero no es así. Ya se encarga el Gobierno de ello, lanzando señuelos y cortinas de humo que distraigan la atención de lo que realmente importa. En la agenda, proyectos de ley en materia de religión e igualdad de trato que, por lo que se sabe hasta ahora, prometen ahondar en la demagogia y la polémica ciudadana -ésa y no otra es su intención-. Pero por de pronto, la ocurrencia del uso de las lenguas vernáculas en el Senado pretende que gran parte de la opinión pública muerda el anzuelo de la confrontación con la manida excusa lingüística.

Un día de estos tendrá que explicar la izquierda española en general –y buena parte del socialismo en particular- cuál es el complejo que tiene a la hora de respetar el castellano. El cual, por cierto, es tan español como el euskera, el gallego o el catalán, pero con una proyección mucho mayor. En base a ello, bueno es que se potencien aquellas lenguas cooficiales en las comunidades autónomas que tengan la fortuna de hablarlas, pues forman parte del riquísimo acervo cultural español. Academias lingüísticas, iniciativas culturales, educación; todo lo que redunde en beneficio de su promoción, bienvenido sea. Pero lo que no se puede hacer es, al más puro estilo nacionalista, imponer a machamartillo y, además, discriminando, como se hace por ejemplo en Cataluña. Así las cosas, cabe preguntarse qué sentido tiene que el Senado, por muy cámara autonómica que sea, tenga que contar a partir de ahora con un servicio de traducción simultánea -que pagaremos todos, claro- para aquellos momentos en que a sus señorías se les antoje hablar en sus respectivas lenguas. Las cuales, dicho sea de paso, no se defienden haciendo el ridículo sino con una dosis de sentido común ausente entre políticos nacionalistas.