La imputación de Camps: las cosas en su sitio

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -TSJCV- ha citado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para que comparezca el próximo día 19 de mayo en relación con el denominado caso Gürtel. Camps y otros altos cargos de la comunidad valenciana acudirán como imputados, lo cual ha sido aprovechado desde ámbitos gubernamentales para cargar las tintas contra todo lo que se mueve en el PP: una política en la que la falta de claridad, contradicciones y actitud defensiva de los populares ha encontrado su mejor colaborador. Dicho lo cual, conviene señalar que, siendo lícita la crítica entre adversarios políticos, no lo son en absoluto la tergiversación y la falta de rigor informativo, aspectos éstos últimos practicados con asiduidad y frivolidad, no precisamente desinteresada, desde los mismos mentideros de siempre.


En un sistema democrático juzgan los jueces. Lo hacen tras la investigación de un presunto delito por medio de la fase de instrucción. Una vez concluida, se levanta el secreto de sumario y es entonces cuando se conocen los entresijos del caso: quién está imputado, quién debe comparecer en calidad de testigo y cuál es el tipo delictivo en el que se ha incurrido. Hasta entonces, prima la presunción de inocencia. O debería. Porque si algo define al caso Gürtel es el enorme aluvión de filtraciones que le han acompañado –y alimentado- desde que se dio a conocer este asunto. Filtraciones, en buena medida, inexactas y tergiversadas, cuando no abiertamente falsas, pero que, aún siendo interesadas y manipuladas, parecen ir dibujando un entramado más que turbio.


Sería muy grave que el presidente de una comunidad autónoma fuese juzgado –no digamos ya condenado- por un delito cometido durante el ejercicio de sus funciones. No podría seguir un minuto más al frente de institución pública alguna. Pero eso lo decidirá el juez, una vez haya oído a las partes. Hay que decir que la decisión del TSJCV obedece estrictamente al traslado de las actuaciones que, en su momento, efectuó Garzón desde la Audiencia Nacional, al detectar aforados en la causa. No hay nada nuevo ni es, por tanto, un paso más, ni -como se ha insinuado desde determinados medios- se han encontrado nuevos indicios contra Camps. Se trata de una parte consustancial al normal desarrollo procesal de una investigación en la que concurren aspectos competenciales diferentes. Camps no es ahora más o menos culpable; simplemente se le da la oportunidad de explicarse en la instancia judicial oportuna, una vez sea informado de los cargos que pesan sobre él. Y de ese trámite procesal saldrá libre de cargos o definitivamente imputado. Que hable, pues, la justicia.


Y, en base a ese dictamen judicial, Rajoy deberá asumir, con todas sus consecuencias y sin escurrir el bulto, las decisiones a las que él mismo se ha comprometido, por graves que sean -y pudieran serlo mucho- salvo que quiera convertirse en cómplice de hechos que los jueces pudieran considerar materia delictiva. En este sentido, los populares deberían reflexionar sobre algo que pareciera les está costando comprender; a saber: que la responsabilidad política no es fácil de esquivar porque remite a un juicio dictado por la opinión pública que se alimenta, pero no se sacia, con un procedimiento judicial.