opinión

Abrí hace cuatro años esta sección de El Imparcial planteando la necesidad de una reforma constitucional de fondo. La chapuza canicular con que nos han obsequiado Zapatero y Rajoy, fragilizando de paso el consenso, era necesaria por la imposición de Alemania que es quien paga. Pero después de 33 años, España necesita abordar una verdadera reforma de su Constitución para asimilar experiencias y adaptarla a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales. El diario El Mundo resumía hoy en un párrafo impecable -las competencias indelegables del Estado- una parte de la reforma constitucional que vengo propugnando desde hace diez años.

Dice así El Mundo: “La reforma incluirá la modificación de los artículos 149 y 150 de la Constitución del Título VIII, fijando una serie de competencias indelegables, figurarán la política exterior, la defensa nacional, la Justicia, la legislación laboral y económica, los impuestos, la Seguridad Social, la sanidad y la educación. Igualmente, se suprimirá la diferencia entre nacionalidades y regiones que establece el artículo 2 de la Constitución. Por último, se derogará la disposición transitoria cuarta para evitar la anexión de Navarra al País Vasco”.

Poco hay que añadir a la lucidez de este párrafo. Resume las experiencias de más de treinta años y establece las normas necesarias para evitar convulsiones al pueblo español. Es una lección de buen sentido y de prudencia. Una lección, por cierto para Adolfo Suárez, Fernando Abril, Alfonso Guerra y los constituyentes que trabajaron con más entusiasmo que rigor político, aunque el balance de lo que se hizo en 1978 es, en todo caso, altamente positivo.