Morosidad y desahucios

El objetivo primordial de este gobierno es la recuperación del empleo. Es el vértice de la política económica. Es el objetivo de las principales medidas y la palanca para nuevos objetivos también importantes. A él está encaminada la reforma laboral, la del sector financiero, el ajuste en el gasto público, las medidas liberalizadoras que todavía no han salido del consejo de ministros y el plan contra la morosidad de las administraciones públicas, que acaba de apuntar el Gobierno.

Quedan por conocerse muchos detalles. Pero en conjunto el mecanismo es que los acreedores cobrarán pronto, entre el segundo y el tercer trimestre de este año, y las administraciones morosas pagarán, como tarde, el año que viene. De intermediarios estarán los bancos y el Estado. Es un plan posible y que obligará a comunidades y ayuntamientos a ser lo que no han querido ser: responsables en el destino de sus fondos. Este proceso evitará el estrangulamiento financiero de pequeñas y medianas empresas, y de muchos autónomos, y facilitará la vuelta al empleo de numerosos trabajadores. Pero no puede quedarse aquí. Es necesario encontrar con una estructura institucional que favorezca la responsabilidad en el futuro.

La vuelta del empleo, ese vértice al que hacíamos mención, permitirá, a su vez la recuperación de decenas de miles de familias que temen perder su casa, y con ella muchas o todas las perspectivas de construir un patrimonio con el que sostener sus últimos años. No es cuestión baladí cuando tenemos en cuenta que el sistema público de pensiones está abocado a pedir cada vez más y, sobre todo, a ofrecer cada vez menos. A este problema se encamina el plan del Gobierno, adelantado por el ministro de Economía Luis de Guindos, que permite a los bancos ofrecer la dación en pago y una carencia de dos años. Se trata de una medida popular pero que presenta un flanco delicado, en la medida que las instituciones de préstamo pueden repercutir el costo encareciendo los créditos.

Respecto de lo primero, los bancos no generalizarán este cambio, pues de otro modo se comprometería su fortaleza financiera. Puede incluso venirles bien si el Gobierno permite que se desgraven las pérdidas asociadas. Y respecto del período de carencia, esos dos años son los que necesita el sistema económico para pasar de destruir empleo a crearlo. De nuevo, todo depende de lo que ocurra con el mercado laboral.