Cada día en nuestro país, los afanes de la política parecen sobreponerse a todo tipo de intereses, prácticas y reglas. El escenario pareciera alimentarse –con la lamentable complacencia de los ciudadanos- de desencuentros y descalificaciones cuando no ataques certeros de organizaciones políticas antagónicas o militantes de distintas afiliaciones.
Saludable en la democracia es la discusión, la confrontación dialéctica que le da al ciudadano la posibilidad de discernir sobre propuestas y planes de gobierno. Sin embargo, ahora cada día son más los enfrentamientos y menos los consensos que la nación mexicana requiere para salir adelante de sus graves problemas.
Dos sucesos recientes ilustran estos desencuentros.
Uno de ellos el dime y direte del vocero de la Arquidiócesis Metropolitana con respecto al izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Las iniciativas de esta organización política, gobernante en la Ciudad de México han establecido primero las sociedades de convivencia, luego los matrimonios y adopciones por parejas del mismo sexo, la muerte asistida y recientemente, la maternidad bajo contrato. Estas iniciativas legales no sólo distan, sino que enfrentan principios morales postulados por la fe católica y de allí que el portavoz de la mitra haya hecho declaraciones invitando a los feligreses a no votar por el partido, sus candidatos y tesis enfrentadas al catolicismo.
El asunto llegó al máximo tribunal electoral del país, quien a su vez turnó el expediente al órgano administrativo del gobierno federal responsable de sancionar las conductas que violenten el orden del estado laico en el cual vivimos. Todo quedará allí, en los tribunales y entre abogados, sin embargo, este particular momento de la sociedad mexicana donde, repito, la sonoridad y el escándalo son la pauta para dirimir todo tipo de diferencias, han hecho de éste, un escenario de confrontación de católicos contra perredistas, conflictos que la nación imaginamos, superó hace ciento cincuenta años cuando se separó el gobierno de la religión.
En otra latitud del mismo país, un sacerdote católico ofició una misa para bendecir los propósitos y orientar a los candidatos a puestos públicos del izquierdista Partido de la Revolución Democrática cuando se iniciaba la campaña para la renovación de los poderes locales en el Estado de Baja California Sur. Candidatos a gobernador, alcaldes, diputados y regidores, todos alimentados por su fe se congregaron en un templo católico y allí, en compañía de sus familias y simpatizantes, se reunieron para pedir el auxilio divino y la maestría del consejo del presbítero local, para la campaña política a iniciar.
Sin embargo, tal conducta está expresamente prohibida por la Constitución Política en su artículo 130 y en el 69 de la Constitución Política local. Otras expresiones políticas –el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional- acudieron jurídicamente ante los organismos electorales para expresar su inconformidad, misma que hubo de trasladarse hasta el fuero nacional.
La instancia correspondiente con sede en Guadalajara, conoció del asunto, en medio de la sonora discusión en medios locales de Baja California por tal acontecimiento.
Finalmente los magistrados en mayoría de dos contra uno resolvieron que un acto religioso en una campaña política no es elemento como para cancelar una elección ni atenta contra la Constitución que establece el estado laico. Precedente que se establece en un lamentable momento en que la nación pareciera no solo no creer en nada, sino de estar todos contra todos.
Esperemos que, ambos sucesos –donde la fuerza política involucrada es un partido de izquierda- y ocurridos en el fragor de las campañas políticas no se generalicen, habida cuenta del respecto que nos merecen las creencias religiosas y lo despreciable que debe ser para todos, aprovecharse de las mismas con motivaciones de índole electoral.
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