Venezuela cada vez está más cerca de cruzar la débil línea fronteriza que divide a una democracia populista e imperfecta,-pero democracia al fin-, de una perfecta y eficiente dictadura. El martes pasado, las autoridades del gobierno venezolano volvieron a demostrar sus habilidades para “silenciar” a los críticos potenciales del ex teniente coronel Hugo Chávez.
Venezuela cada vez está más cerca de cruzar la débil línea fronteriza que divide a una democracia populista e imperfecta,-pero democracia al fin-, de una perfecta y eficiente dictadura. El martes pasado, las autoridades del gobierno venezolano volvieron a demostrar sus habilidades para “silenciar” a los críticos potenciales del ex teniente coronel Hugo Chávez. En esta oportunidad, el premio gordo recayó en manos de una de las figuras periodísticas más relevantes de Suramérica: Álvaro Vargas Llosa, hijo del célebre autor de “La ciudad y los perros” y “La fiesta del chivo”, Mario Vargas Llosa.
En un gesto propio de regímenes como el de La Habana, el de Pekín o el de Pyongyang, que al ojo de la comunidad internacional son considerados sistemas dictatoriales, las autoridades de inmigración de Caracas retuvieron al intelectual peruano, que llegaba al país para participar en el Foro “Libertad de Expresión y Democracia”, organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).
A penas arribó al aeropuerto, los funcionarios le decomisaron el pasaporte y le impidieron hablar por el teléfono móvil. Afortunadamente el incidente no se prolongó más de dos horas y Álvaro Vargas Llosa pudo volver a disponer de su documento de viaje, no sin antes haber sido advertido de que se encontraba en Venezuela en calidad de “turista”, por lo que se abstuviera de emitir “opiniones sobre la política venezolana”.
Curiosamente algo similar le ocurrió a su laureado padre a pocos días después del incidente, quien también fue inspeccionado por las autoridades de ese país a penas pisó suelo venezolano, precisamente por ser, junto a su hijo, otra de las figuras invitadas a participar en el citado coloquio que tiene como objetivo el replanteamiento de la democracia América Latina.
El hecho no puede ser más que risible y contradictorio dentro de un país cuyo Jefe de Estado no hace otra cosa que llenarse la boca, proclamando a viva voz, que Venezuela es una nación liberada de la tiranía del “imperio”. Sin embargo, desde que Chávez está en el poder, los periodistas e intelectuales venezolanos, paulatinamente se han visto inmersos en una intensa lucha por defender sus ideas y el derecho constitucional de manifestarlas.
La primera herida grave que recibió la libertad de prensa de ese país, fue la suspensión de la señal abierta del canal de televisión Radio Caracas Televisión el 27 de mayo de 2007, por ser uno de los medios más contestatarios y críticos con el gobierno. Meses antes, el 28 de diciembre de 2006, irónicamente día de los “Santos Inocentes”, Chávez ordenó el cierre del canal y dejó ver entre líneas que otros podrían correr con la misma suerte. Lo peor es que no se trataba de una broma como muchos venezolanos llegaron a pensar en su momento. El anunció fue en serio.
Dos años después del caso de RCTV, la cadena de noticias Globovisión,- bastión mediático de la oposición venezolana-, puede convertirse en el segundo pez gordo a caer en las redes de la censura chavista.
El canal informativo actualmente posee varios procedimientos administrativos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por diversas causas, entre las que encuentran, el “uso indebido” del espacio radiofónico y televisivo, o la violación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, popularmente conocida como la Ley Resorte. Todo esto sin dejar a un lado, el creciente número de periodistas que son objeto de represalias por parte de grupos leales a la “revolución”, al punto de que éstos llegan a temen por su integridad física y la de sus familias.
No conforme con poner en marcha los mecanismos regulares para “controlar” a los medios “disidentes”, el Ejecutivo de Chávez también recurre a los grupos parapoliciales urbanos como La Piedrita, la Coordinadora Simón Bolívar, el grupo Carapaica, el colectivo Montaraz, los Tupamaros y el partido Unidad Popular de Venezuela, para mantener a raya a los profesionales y medios de comunicación, “
non gratos” para el gobierno nacional.
Ante tal contexto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han manifestado en numerosas ocasiones su alarma por la precaria situación de la libertad de expresión en Venezuela, una opinión que comparten otras organizaciones internacionales como Human Right Watch, Centro Carter, Freedom House, y Reporteros sin Fronteras, entre otras.
Tras su retención en el aeropuerto Simón Bolívar, Álvaro Vargas Llosa aseguró en un programa de televisión, transmito por la sancionada cadena Globovisión, que en “Venezuela se está jugando dramáticamente el futuro de la libertad en el continente”. Unas declaraciones que para algunos puede parecerles catastrofistas, pero que en realidad son una interpretación,-no tan alejada de la realidad-, de un hombre que llegó a un país que se autodenomina libre para hablar de democracia, pero cuyo gobierno lo mandó a callar.
La grave amenaza a la que está expuesta la libertad de expresión en Venezuela, no es asunto de hace unos días, es una problemática que lleva incubándose ya diez años. No obstante, tuvo que suceder el incidente de Mario y Álvaro Vargas Llosa, para que saliera a la luz los niveles de deterioro y de vulnerabilidad en el que se encuentra el Estado de Derecho venezolano, o lo poco que aún queda de él. Y es que la pluralidad de criterios y de pensamientos dentro de una sociedad, son los diferenciales que caracterizan a una nación libre, de una que vive bajo el oscurantismo del totalitarismo.
