Austeridad para subir las pensiones y pagar deuda

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2013 que vienen marcados por la austeridad y que destinan el mayor gasto a la partida social, que recibe un 63,6 por ciento del total. Sube el dinero presupuestado para las pensiones, las becas y el pago de la deuda y establece un impuesto del 20 por ciento para los premios de la Lotería superiores a los 2.500 euros. Bajan en cambio los gastos de los Ministerios en un 8,9 por ciento y que se sitúan por debajo de los 40.000 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado también el Plan Nacional de Reformas que acompañan a los Presupuestos y que establecen la creación de una nueva figura, una autoridad fiscal independiente encargada de supervisar los presupuestos de todas las administraciones, incluidas las autonómicas y que tendrá como misión velar por el cumplimiento de los objetivos de déficit y adelantar posibles desviaciones presupuestarias. Una iniciativa que al igual que el Plan Nacional de Reformas ha sido acogido muy satisfactoriamente en Bruselas, donde se considera que el Ejecutivo ha ido incluso más lejos de lo que se le ha pedido y que tienen como objetivo final generar empleo y riqueza.

Las pensiones subirán un uno por ciento y se congelará de nuevo el sueldo a los funcionarios, aunque en 2013 recuperarán la paga extra de Navidad. Del total de los gastos que presentan los Presupuestos, el 63,6 por ciento irá destinado a las partidas sociales, el 17,2 a transferencias a otras administraciones, el seis por ciento a servicios públicos básicos –Justicia, Defensa, Seguridad Ciudadana y Política Exterior-, el 4,5 por ciento a agricultura e industria y el 4,1 a infraestructuras e I+D+I.

Sin embargo, el Gobierno se ha visto obligado a disponer por primera vez del fondo de reserva de la Seguridad Social, del que sacará 3.063 millones de euros para cumplir un serie “de necesidades de tesorería”, según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría. Entre las malas noticias, que los intereses de la deuda se incrementarán en 2013 en aproximadamente 10.000 millones de euros debido al encarecimiento de los tipos de interés y que el volumen de deuda emitida está aumentando, “tendencia que habría que interrumpir” según el ministro de Hacienda.

En Cataluña, el Parlamento autonómico ha aprobado por 81 votos a favor de los 131 emitidos, los de CiU, ERC e ICV, de Joan Laporta y del socialista Ernest Maragall, que ha roto la disciplina de voto de su grupo, que se ha abstenido una propuesta para convocar preferentemente durante la próxima legislatura, una consulta en la que los ciudadanos de esa comunidad “puedan determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”. Es decir, la apertura de un camino hacia la independencia.

Al final ha sorprendido la postura de los socialistas, después de que desde Madrid, el secretario de Organización del PSOE, Oscar López, hubiera asegurado los socialistas catalanes no estaban por la labor de romper con España. Sin embargo, han votado a favor de su propia resolución en pide un referéndum o consulta legal para que Cataluña decida sobre cualquier cambio en el modelo del encaje de Cataluña con el Estado. En este sentido, el PSC apoya el derecho a decidir, que puede llevarse a cabo mediante una consulta autorizada por el Gobierno o de un referéndum amparado en la Ley de Consultas de Cataluña, que el Parlamento autonómico tiene previsto aprobar tras la celebración de las elecciones.

La vicepresidenta del Ejecutivo, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros ha afirmado que si Cataluña llegara a convocar un referéndum sobre su independencia, “el intento podría quedar anulado nada más con que lo pida el Gobierno al Tribunal Constitucional”. La portavoz ha subrayado que la consulta no sería conforme a la Constitución porque “afectaría al conjunto del pueblo español y por lo tanto habría que preguntarles a todos y cada uno de los españoles sobre la posible separación del resto del país”. También ha asegurado que “hay instrumentos jurídicos e institucionales para pararlo y un Gobierno que está dispuesto a usarlos”.

A continuación ha explicado que el Tribunal Constitucional levantó la suspensión de Ley de Consultas catalana, pero estableció que éstas “dependen directamente de la decisión que adopte el Estado en ejercicio de su competencia de autorización”. Otro instrumento sería el recurso al Tribunal Constitucional, “con la ventaja” de que esa consulta “sería suspendida automáticamente en virtud del artículo 161.2 de la Constitución”.

En Castilla-La Mancha, su presidenta y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido al Ejecutivo central el rescate de su comunidad por valor de 850 millones de euros. Y como señalan los analistas políticos consultados por este diario, “sin adelantar elecciones y comenzar un proceso de independencia, como ha hecho Artur Mas en Cataluña”.