España quiere prohibir las 'gasolineras flotantes' en Gibraltar

El Gobierno español quiere endurecer las sanciones a los barcos que hagan de gasolineras flotantes en la Zona de Especial Protección (ZEC) en las aguas de la bahía de Algeciras próximas a Gibraltar, donde numerosos buques realizan esta práctica, conocida como "bunkering".

Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz), el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, ha explicado en rueda de prensa que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.

En esa ZEC, aprobada por el Gobierno en noviembre pasado, ha agregado Arias Cañete, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.

El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la había de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la fiscalía y la UE.

Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que van a dar ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores.

Arias Cañete ha insistido en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, y ha precisado que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias.

Además, ha dicho que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia, que ha definido como un "anacronismo".

"El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad", ha resumido el ministro antes de asegurar que el Ejecutivo está "tranquilo" a pesar de los avisos de Londres de posibles sanciones.

También ha justificado una tasa en la frontera de Gibraltar para pagar al personal que se requiere por el aumento de los controles que eviten el contrabando.

Otro punto de conflicto
Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha asegurado que "no se tolerará ningún intento de interferir en la legalidad de operaciones de bunkering dentro de las aguas territoriales británicas de Gibraltar".

El Ejecutivo que dirige Fabian Picardo ha contestado así en un comunicado al anuncio de Arias Cañete. El Gobierno del Peñón señala que "hasta la fecha no ha habido ningún intento de restringir las operaciones de toma de combustible en el mar", subraya que dichas operaciones que reclama como propias están amparadas legalmente, y afirma que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar delinea los límites de "las aguas jurisdiccionales británicas en Gibraltar".

Así, Gibraltar se vuelve a apoyar en dicha convención de la ONU para defender su jurisdicción sobre las aguas, y asegurar que "el aprovisionamiento de combustible dentro de esos límites es regido por las leyes de Gibraltar", las cuales "ya aplican todas las medidas pertinentes de la Unión Europea".