El Gobierno ha lanzado su apuesta re reforma constitucional que toca cuatro puntos relevantes pero que no son motivo de debate fundamental sino, acaso, técnico: la reforma del senado, la denominación de las Comunidades Autónomas, la igualdad de sexo en la elección del Jefe del Estado y la incorporación de la inclusión de España en la UE. Pero, además de esos cuatro cambios, María Teresa Fernández de la Vega anunció dos más de enorme calado: la reforma de la ley electoral y la laicidad del Estado.

“Sociedad laica”
España es un Estado no confesional, es decir, que no es confesional pero tampoco es formalmente opuesto a las confesiones religiosas. Reconoce su status social y llega a acuerdos con ellas, como lo hace con otros grupos sociales. En el caso de la Iglesia, España sigue los tradicionales concordatos. El laicismo propuesto por el PSOE va más allá de eso. Supone la expulsión de la religión de todo aquello que toque el Estado. Su huella será suficiente para expulsar la presencia de la “religión”, palabra que, en el contexto histórico de España, supone un eufemismo para “Iglesia”.

Y es que el juego de los eufemismos, de las connotaciones, es el que utiliza el Gobierno para velar el carácter anticatólico de su política laicista, para vestirlo con ropajes que, interpretados estrictamente, son opuestos a la realidad de los objetivos socialistas y de la política que quiere implantar. Ese juego de las palabras, que es el juego de la política, es lo que hay que desvelar.

Especialmente unas palabras de José Luis Rodríguez Zapatero que parecen haber pasado inadvertidas, pero que tienen un profundo calado. Una cosa es un Estado laico, en el cual se borra cualquier signo o referencia o presencia de la religión, pero otra muy distinta es la de una “sociedad laica”, un objetivo al que se ha referido el presidente del Gobierno en más de una ocasión. Una “sociedad laica” es una sociedad sin presencia de la religión, al menos públicamente.

“Adecuar a las circunstancias”, al “pluralismo”
El Gobierno revisará la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa que tendrá como inspiración el “laicismo”. La justificación del Gobierno de cambiar la ley es "adecuarla a las nuevas circunstancias y al pluralismo religioso" que caracteriza a "la España de hoy". La libertad del hombre es siempre la misma ¿cómo se puede adaptar a las circunstancias?

La apelación al “pluralismo” es una referencia velada a la Iglesia Católica, confesión mayoritaria de los españoles, y verdadero objeto de este cambio legislativo. Que no es la única confesión es una realidad clara, pero esa llamada expresa a la “pluralidad” es una declaración de intenciones sobre la primacía de la Iglesia y su papel en la sociedad y frente al Estado.

“Los obispos” y su “dogmatismo”
La Iglesia la forman sobre todo sus feligreses, pero también tiene una institución con una jerarquía. Cuando el Gobierno se refiere a la Iglesia para minar su papel, evita utilizar esa palabra y especialmente a los creyentes. Prefiere hacer mención a “los obispos”, como si estuviésemos hablando de una camarilla de personas influyentes y desligadas de una realidad social.

Otra de las palabras fetiche del Gobierno es el “dogmatismo”, algo que, según la vicepresidenta De la Vega, “no tiene lugar en una democracia”. El dogmatismo es una actitud intolerante hacia las creencias ajenas y refractaria a las nuevas ideas. Pero el dogmatismo no es lo mismo que tener un dogma o un conjunto de ideas. El Gobierno identifica el hecho de que la Iglesia tenga un discurso con que sea “dogmática”. Y automáticamente la expulsa de la democracia. Es decir, que la apelación al “dogmatismo” es un subterfugio para proscribir del debate público a la Iglesia. Este uso de las palabras, tanto “los obispos” como “el dogmatismo” fue muy utilizado antes de las elecciones.

“Libertad religiosa”, pero “libertad de conciencia”
Este viernes, tras el consejo de ministros presidido por el Rey, María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que en España hay “libertad religiosa”, “pero también liberta de conciencia”, como si la una se opusiese a la otra. Con ello quiere decir que la “libertad religiosa” ampara la existencia de la Iglesia, pero que ésta no debe oponerse a la “libertad de conciencia”, esto es, a la de los ciudadanos de no tener nada que ver con la Iglesia o, sencillamente, de no oír sus mensajes.

“Valores de la Constitución”
Si la Iglesia es “dogmática” y su discurso ha de ser expulsado en una democracia, podría parecer que lo que nos queda es un vacío de valores. Pero el Gobierno se apresura a llegar ese hueco. Como no puede proclamar sin más a la implantación de unos valores “progresistas” o “socialistas”, el Ejecutivo habla siempre de “valores constitucionales”. Pero esa expresión es muy elástica, ya que, estrictamente hablando, hay muy pocos “valores constitucionales”. El Gobierno los interpreta en los contenidos de Educación para la Ciudadanía. Y los impone en las aulas, coincidan o no con la moral de los padres.

Y eso no es contrario al “pluralismo”. Y tampoco es “dogmatismo”.