Compradores y trabajadores de Martinsa, las víctimas de la quiebra

La inmobiliaria Martinsa-Fadesa presentó ayer la petición de concurso voluntario de acreedores, situación que ha llevado a sus bancos acreedores a dotar partidas específicas frente a posibles impagos, mientras que el Gobierno insiste en que no intervendrá en el sector.

Martinsa-Fadesa acudió a última hora de la mañana en el Juzgado de lo Mercantil de La Coruña, donde tiene su domicilio social, para presentar el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos), situación a la que se ha visto abocada para "garantizar la continuidad de su proyecto empresarial".

Desde el Ejecutivo la postura no intervencionista ha sido la respaldada por varios de sus responsables, en tanto que algunas de las 45 entidades que participan en el sindicato bancario que refinanció 4.000 millones de euros de deuda a Martinsa-Fadesa han notificado dotaciones para anticiparse al impacto del concurso voluntario de acreedores.

Junto con el mensaje no intervencionista, el Ejecutivo ha mostrado su apoyo tanto a los trabajadores de la inmobiliaria como a los consumidores que tienen comprometida la construcción de una vivienda, tal y como ha manifestado la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.

Por su parte, el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, ha afirmado este miércoles que Martinsa-Fadesa "ha tomado unos riesgos excesivos" que ahora tienen consecuencias y reiteró que es contrario a que el Gobierno intervenga, porque es "muy difícil de justificar" el uso del dinero de los impuestos para ayudar a empresas con "mala suerte".

En paralelo a la petición del concurso de acreedores, Martinsa-Fadesa ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 234 trabajadores, a los que ofrece indemnizaciones de 25 días de sueldo por año trabajado, oferta que los sindicatos han rechazado.

Los sindicatos han exigido además a la empresa un plan de viabilidad, ya que les preocupa el futuro de la compañía, cuya actividad está paralizada y cuyos responsables sólo garantizan el pago de los salarios correspondientes al mes de julio.

Además de los 234 despidos directos contemplados en el ERE, los sindicatos cuantifican que la pérdida de empleo indirecto podría llegar a afectar a otros 2.000-4.000 trabajadores pertenecientes a empresas subcontratadas por la inmobiliaria.

A pesar de la situación, la compañía presidida por Fernando Martín confía en poder continuar con su actividad, aunque esos planes podrían frustrarse por las dificultades que encontrará para vender parte de un patrimonio que está valorado en cerca de 11.000 millones de euros.

Una vez que los bancos decidieron no alargar más los plazos de pago, la inmobiliaria ha intentado recurrir al Gobierno, no sólo solicitando los 150 millones de euros que necesitaba para evitar la suspensión de pagos al Instituto de Crédito Oficial (ICO), sino también recurriendo al Ministerio de Vivienda para que a través de la entidad estatal de suelo SEPES le comprara suelo por ese importe, según fuentes conocedoras del proceso.




Dotaciones específicas de los bancos
Entre tanto, algunas entidades financieras acreedoras de la inmobiliaria han notificado dotaciones específicas para insolvencias, como es el caso de Caja Madrid y La Caixa, que han provisionado 271 y 192 millones de euros, respectivamente, con cargo a los resultados de este año.

En concreto, Martinsa-Fadesa adeuda a Caja Madrid unos 1.000 millones de euros y a La Caixa más 700 millones.

La misma operación están llevando a cabo otras entidades como el Banco Popular, que ha dotado provisiones en el primer semestre por 100 millones de euros y Caixa Galicia, por 78 millones, mientras que Bancaja anunció que mantiene una "adecuada cobertura de riesgos".

La falta de liquidez derivada de la restricción del crédito es, según las dos grandes asociaciones de promotores, la principal causa de la situación en la que se encuentra Martinsa-Fadesa.

Así, el G-14, grupo que aúna a las principales inmobiliarias y que estaba presidido por Fernando Martín, pidió al Gobierno medidas que reactiven el crédito, en tanto que la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) quiere reunirse con el Ejecutivo y la banca para buscar soluciones al problema.

Los consumidores podrán recuperar los anticipos, según FACUA
Desde el lado de los consumidores, la asociación FACUA recomendó a quienes han dado una señal para la compra de una vivienda que reclamen a la empresa información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades entregadas.

La asociación de consumidores FACUA recordó que la ley ampara a los compradores de viviendas de Martinsa-Fadensa que no hayan terminado de construirse y para las que hayan dado anticipos, que pueden recuperar en su totalidad.

En un comunicado, FACUA recomendó a estos compradores que reclamen a la empresa información sobre las entidades financieras que avalan las cantidades que han entregado a cuenta.

En cuanto a los ciudadanos que ya tengan su vivienda pero detecten algún defecto de terminación, habitabilidad, estructura o cimentación, la asociación advierte de que es posible que Martinsa-Fadesa "no asuma sus obligaciones para proceder a las obras de subsanación o al pago de las indemnizaciones por el coste de su realización".

En ese caso, FACUA recomienda a los afectados que dirijan también sus reclamaciones a otras empresas o profesionales responsables, como agentes intervinientes en las edificaciones, que pueden ser localizados en el certificado final de obra, o a las compañías de seguros de éstos.

Se calcula que son más de 7.000 personas las afectadas por la quiebra de Martinsa-Fadesa.

FACUA hace esta recomendación en un comunicado "ante la duda de si las obras serán o no completadas", después de que Martinsa-Fandesa anunciara ayer que presentará un concurso voluntario de acreedores para "garantizar la continuidad de su proyecto empresarial".