La encrucijada siria

Siria se ha convertido en uno de los escenarios más problemáticos surgidos de la mal llamada “primavera árabe”. No hay secreto ni sorpresa alguna en ello. Su progresión violenta se veía venir desde el mismo inicio de las protestas, allá por marzo de 2011. Unas protestas que comenzaron en Damasco pero que tardaron sólo unas pocas semanas en extenderse a otras ciudades y enclaves y que, desde el primer momento, fueron contestadas con una violencia expeditiva. Los opositores hablan ya de más de 8.500 víctimas de la represión, mientras Naciones Unidas rebaja esas estimaciones (aunque no por debajo de los 5.000), dejando aparte las bajas derivadas de los enfrentamientos más recientes librados entre las fuerzas de seguridad sirias y el “Ejército Libre de Siria”. Por su parte, la prensa informa de una intensificación de los bombardeos que desde el pasado día tres de febrero vienen siendo realizados sobre barrios enteros del foco de resistencia establecido por los rebeldes a unos ciento sesenta kilómetros al norte de la capital, en Homs, tercera ciudad del país. Allí, un mínimo de 377 personas habrían perdido la vida en los últimos días, según datos de Amnistía Internacional. Esta agencia también denuncia que las autoridades han restringido los suministros de combustible y medicamentos que llegan a Homs (también a otras ciudades afectadas por refriegas). Otros informes anuncian un aumento de la presencia militar en Hama. Muchos de sus habitantes aún recordarán con temor y temblor el implacable ataque al que fue sometida su ciudad durante veintiocho interminables días de 1982, cuando las fuerzas sirias repelieron a sangre y fuego un levantamiento popular promovido por la rama islamista local de Hermanos Musulmanes, dejando entre 25.000 y 30.000 muertos. El dato de que durante los últimos once meses de represión ejercida sobre todo el país no se haya llegado aún a igualar aquella espeluznante cifra de bajas, provocadas en un solo mes en una única ciudad, da una idea del intensísimo grado de violencia y crueldad estatal que aún podría desplegarse en Siria en tanto la familia Assad se mantenga el poder.

Junto a la represión de opositores pacíficos hay que considerar la dimensión de conflicto armado que ha ido adquiriendo la coyuntura siria desde la aparición en escena del propio “Ejército Libre de Siria”. Esta facción rebelde, que surgió a raíz de la deserción de un puñado de miembros de las fuerzas armadas sirias, viene actuando en el país desde julio de 2011 y se ha convertido en la principal oposición armada al régimen. Sus acciones y las reacciones suscitadas por tales acciones han llevado a algunos observadores a hablar de “guerra civil”. Y para terminar de describir el panorama las autoridades sirias han denunciado la presencia de terroristas yihadistas favorables a los rebeldes, atribuyéndoles la autoría de dos atentados efectivamente realizados en diciembre y enero contra instalaciones de los servicios de inteligencia (44 y 28 víctimas mortales, respectivamente)). La coincidencia de las autoridades sirias con fuentes de información estadounidenses e iraquíes al atribuir estos ataques a elementos de Al Qaida en Irak sugiere que la denuncia podría resultar veraz.

La contumacia represiva de la que ha hecho gala el régimen sirio ha abierto un nuevo foco de tensiones diplomáticas en el seno de las naciones árabes y en el foro de Naciones Unidas. La Liga Árabe coordinó en primera instancia una misión de observadores de la que se esperaba un efecto disuasivo que no se ha consumado. Acto seguido, la misma organización declaraba en noviembre la conveniencia de imponer a las autoridades sirias un boicot económico. La idea del boicot animaría a los gobiernos occidentales integrados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a presentar un proyecto de sanciones que sería finalmente rechazado gracias al veto de Rusia y China. Con posterioridad, más de 70 países miembros de Naciones Unidas se dispusieron a patrocinar un plan de “transición política” para Siria elaborado por la Liga Árabe. Dicho plan, además de condenar las violaciones de los derechos humanos, exigía la renuncia del presidente Bashar al Assad y la materialización de un traspaso provisional de poderes a un gobierno de unidad nacional hasta la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en el plazo de seis meses. La propuesta sería finalmente aprobada por la Asamblea General de la ONU el pasado jueves dieciséis, con 137 a favor, 12 en contra y 17 abstenciones (varios países no pudieron votar debido a dificultades técnicas). Como era de esperar, el régimen sirio y sus aliados han respondido a todas estas iniciativas en su contra tachándolas de injerencias intolerables, motivando así las primeras demandas para estudiar y aplicar nuevas formas de ejercer presión sobre las autoridades sirias para evitar una degradación aún mayor de la actual situación.

¿Qué podría ocurrir si la comunidad internacional no hiciera nada respecto a Siria? De momento, nada hace pensar que el presidente Bashar al Assad esté dispuesto a dar su brazo a torcer ante la oposición. En cuanto a los propios opositores, si un año de castigos no ha logrado asfixiar sus deseos de cambio tampoco parece probable que depongan su actitud sin más y se sometan a cambio de nada. Si las protestas continúan siendo reprimidas en la calle y prosiguen los enfrentamientos entre fuerzas oficiales y rebeldes armados la guerra civil podría consolidarse, si bien las posibilidades de que los últimos se impongan a las primeras son nulas en tanto en cuanto no se altere alguna de las condiciones actuales. La diferencia en número de efectivos, preparación y recursos es abrumadora. A un lado hay un ejército disciplinado y bien armado, al otro una heterogénea facción rebelde que sólo cuenta con armas ligeras, carece de cohesión y actúa de manera descoordinada. Tal asimetría incapacita a los rebeldes para tomar y mantener zonas liberadas dentro del territorio sirio. Hay quien pone sus esperanzas en la posibilidad de que las deserciones que efectivamente vienen produciéndose desde hace meses entre las filas del ejército (contadas por decenas de miles) equilibre la correlación de fuerzas en un plazo próximo. No cabe duda de que la posición del ejército es un factor determinante. Pero hasta el momento la mayoría de las deserciones se han dado entre militares con bajo rango, poco especializados (nunca entre unidades de artillería, blindados, defensa aérea o con acceso a armamento estratégico) y siempre de manera individualizada (no se conoce ninguna brigada o batallón que se haya pasado al otro lado de forma conjunta).

Aunque el origen de los opositores es plural y pese a que su descontento remite a problemas que afectan al conjunto de la población siria, no es absurdo estar prevenido ante la opción de que los enfrentamientos evolucionen hacia un conflicto sectario entre el régimen junto con la minoría alauí (de la que forma parte la familia Assad) frente a la mayoría sunní. Naturalmente, esto complicaría aún más las cosas e incrementaría la espiral de violencia. Desatar las tensiones sectarias mediante atentados sería precisamente uno de los objetivos que podrían perseguir los elementos yihadistas que ya parecen estar operando dentro de Siria y a los que interesa muy mucho la desestabilización total del país. Por último, aunque los enfrentamientos sectarios no llegaran a generalizarse y los yihadistas no fueran capaces de atentar con contundencia y continuidad, podría suceder que alcanzado un punto de máxima tensión y desgaste, los jefes militares o la élite dirigente alauita o ambos presionaran a la familia al Assad para que abandonara el poder o se aviniera a negociar con los opositores. No se sabe cuánto podría tardar en llegar ese momento pero seguramente llegaría mucho antes si la comunidad internacional interviniese de alguna manera.

Las opciones de intervención son de diferente naturaleza: presión diplomática y sanciones económicas, creación de corredores humanitarios en la frontera siria con Turquía y Líbano para abastecer de alimentos y medicinas a las poblaciones civiles atacadas, establecimiento de un área de seguridad dentro del territorio sirio que diera refugio a personas desplazadas por causa del conflicto (lo cual exigiría ciertos medios militares) o apoyo a los rebeldes en diversos grados y formas: proporcionándoles armas, recursos, formación y asesoramiento, estableciendo una zona de exclusión aérea, atacando desde el aire o poniendo tropas sobre suelo iraní. Pero ninguna de las alternativas de actuación termina de convencer a los países que vienen demandando el cese de la represión y cambios políticos para Siria. Y es lógico que así sea pues ninguna carece de inconvenientes. Las sanciones o los corredores y áreas de seguridad serían muy probablemente insuficientes. Armar y entrenar a los rebeldes también podría tener un efecto limitado, entre otras razones porque quizá sirviera para incrementar los apoyos militares y recurso de armamento que Siria ya recibe de Irán y Rusia, respectivamente. Habrá que ver en todo caso cuánto pueda crecer el bando rebelde en los próximos meses. Una intervención militar exclusivamente aérea tampoco aseguraría el éxito, porque el elemento de la aviación no es el único ni principal medio de represión empleado por las fuerzas del régimen, y sería una intervención complicada y cara: la potencia militar del Estado sirio es muy superior a la del anterior régimen libio, como distinta es también la densidad poblacional de la geografía siria, tan superior a la de Libia. Y de la intervención terrestre aún son pocos los que se atreven a hablar, dados sus enormes costes y sus potenciales repercusiones geopolíticas, pues tampoco en lo geopolítico vale ninguna analogía con Libia, ni por su posición en el mapa ni por lo que a aliados internacionales respecta.

En definitiva, sería enormemente peligroso que un país como Siria, donde convergen los intereses contrapuestos de Irán, Israel y Turquía, Rusia, China, Europa y Estados Unidos, se convirtiese en un Estado fallido o se sumergiera en el caos. Pero precisamente por ello la actual coyuntura en Siria sitúa a la comunidad internacional ante una encrucijada pues, si bien la evolución interna del propio país podría llevarle a la fragmentación y descomposición institucional del país, tampoco cabe asegurar que una intervención militar no pudiera contribuir a ello.