Control de los nombramientos políticos en empresas y sectores

No. No me estoy refiriendo a España y sus Autonomías. Éstas siguen a lo suyo, sin someterse ni permitir que se sometan a sus enchufados a ningún tipo de control. Y así los Partidos Políticos pueden seguir nombrando a toda clase de incompetentes e ignorantes en las empresas públicas, servicios económicos, servicios públicos. Basta, desde luego, la simple fidelidad al partido, y más concretamente a la persona que le designe y a la que pasan a adorar mientras están medrando en el puesto con la única consigna de hacer lo que se les diga o, como mucho, anticiparse ilusionadamente a los intuidos deseos del jefe de turno.

Como esto es un cáncer que da al traste con las propias empresas y servicios, en algunos países, que seguían en el Sur (“Países del Aceite”) algo muy distinto a lo que exigían responsablemente en el Norte (“Países de la Mantequilla”), cuando la Troika ha intervenido, ha exigido un cambio cualitativo en la manera de designar a los responsables de las empresas públicas (equivalentes al ICO, SEPES y la infinidad, exactamente infinidad, de empresas, empresitas y empresuchas que se han inventado las Autonomías y las que quedan en el Estado (que afortunadamente ha liquidado muchas) también.

En todos los “países del aceite”, incluida Francia, se dan casos de asombrosos nombramientos que causan escándalo por la inocuidad, vacío y corrupción del nombrado por el Partido Político. Cualquiera que abra hoy los periódicos franceses, verá el caso de Jérôme Cahuzac, ministro socialista, totalmente corrupto y con decenas de nombramientos en sus áreas de dominio político, en los que siempre acababan primando los amigos.

Ha sido en Portugal donde el experimento, magnífico, se ha llevado a cabo. Y naturalmente, previo un amplio estudio que ha desarrollado los incentivos positivos y negativos para garantizar algo mágico: el control de la discrecionalidad de los nombramientos de las empresas y agencias públicas

La fórmula consiste en que el Parlamento – no por tanto el Gobierno – nombre una Comisión estable y con duración garantizada durante cuatro años , y cinco el Presidente, que está formada por tres reputados académicos (catedráticos de Sociología, Ciencia Política y Derecho, y un cuarto, Interventor General ) que tienen como misión dar un Informe no vinculante sobre el curriculum de cada candidato… y publicarlo en la red.

El Informe ha de responder, previamente publicado también, a preguntas y cuestiones objetivas. Así no es lo mismo, por ejemplo, designar a un Director del Servicios de Correos que al Director de un gran Hospital.

Los candidatos han de remitir su curriculum y normalmente tener una entrevista. El Gobierno ha de abstenerse de proponer a nadie. Y la Comisión le remite al Gobierno, ordenado alfabéticamente, tres candidatos finales, donde, ahora sí, escoge. Los curriculums de los candidatos y su informe positivo – o negativo también – se publica en la red y lo ha admitido la Agencia de Protección de Datos Portuguesa. Con lo cual, el candidato que no quiera verse postergado públicamente se autoevaluará previamente, ya que nadie quiere que su carrera quede expuesta a un juicio negativo universal.

Luego, para determinados cargos, es el Gobierno quien pide el parecer de la Comisión. Y ésta lo da y lo publica. Obviamente, ningún Gobierno se arriesga a que le den una opinión negativa sobre el candidato que propone.

Y los miembros de la Comisión son intocables y tienen obligación de denunciar cualquier llamada o insinuación gubernamental, Con lo cual, hasta ahora, el Gobierno no se ha atrevido.

El milagro del control sobre la discrecionalidad “técnica” del Gobierno se ha producido. Por primera vez, Portugal ha visto elevarse notablemente el nivel de su clase dirigente y gerencial. Y todos los indicadores así lo están probando.

¿Acabará Portugal siendo un “País de la Mantequilla” y dejarnos a nosotros, con Grecia, e Italia entre los “Países del Aceite”? Aprendamos de nuestros primos y de una vez por todas comencemos con buenas técnicas, apoyadas en una Ley como la portuguesa, a controlar el capricho y la arbitrariedad de los políticos.