opinión

Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, la ha emprendido contra Rubalcaba. Las invectivas no pueden ser más graves. Según Costa, el Informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica es una pura patraña, un montaje destinado a ganar a través de la acción policial lo que el PSOE pierde en las urnas valencianas.

Lástima que Rajoy no hable, que Camps calle. No se entiende en este caso la política del avestruz. Que un organismo oficial del ministerio del Interior acuse abiertamente al Partido Popular de estar financiado de forma ilegal en Valencia no es algo que pueda solventarse con declaraciones de un personaje secundario, como si la responsabilidad política radicara en él y, en la eventualidad de que se demostrara la razón policial, fuera el único político a dimitir, salvando así a su jefe.

Si lo que afirma la investigación policial es falso, el PP debe acudir a los tribunales y acusar a los propagadores de la calumnia. La pieza a cobrar no puede resultar más suculenta: el gran peso pesado del Gobierno Zapatero, nada menos que el incombustible Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pero si el PP hubiera organizado su pequeña Filesa en la Autonomía Valenciana, si la iniciativa policial resultara certera, entonces la responsabilidad no recaería solo en Costa sino que, al menos, alcanzaría a Camps. El presidente valenciano no tendría otra salida democrática que la dimisión. Está claro que el Informe en cuestión forma parte de una maniobra política. Pero dicho ésto, ahora de lo que se trata es de demostrar si es cierto lo que denuncia o si no lo es. Rubalcaba ha jugado un órdago a la grande. Hay que descubrir las cartas para saber quién gana.