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crónica política
Garzón, el juez “superestrella”, estrellado
Por unanimidad. Los siete miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han condenado al juez Baltasar Garzón a once años de inhabilitación y a su expulsión de la carrera judicial por haber cometido los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales al ordenar las escuchas en prisión entre los supuestos dirigentes de la trama “Gürtell” y sus abogados defensores. En una durísima sentencia, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el Alto Tribunal reprocha al ex magistrado de la Audiencia Nacional que “la Justicia obtenida a cualquier precio termina no siendo Justicia” y advierte que el juez durante su investigación “admitió prácticas que en los tiempos actuales solo se encuentran en los regímenes totalitarios, en los que todo se considera válida para obtener la información que interesa, o se supone que interesa al Estado”.
Tremendo varapalo del Tribunal Supremo a Baltasar Garzón. Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que la sentencia ha lanzado un auténtico torpedo a la línea de flotación del juez “superestrella”, el mismo que inició procesos contra antiguos regímenes dictatoriales como el argentino, durante el Gobierno de ese país por los militares en la década de los setenta y ochenta, o el chileno, representado por el general Pinochet. En su fallo, la Sala de lo Penal le reprocha haber utilizado intelectualmente los mismos mecanismos que usan los regímenes totalitarios, “a los que tanto se dedicó a combatir”, para obtener la información que a él le interesaba”, violando todos los preceptos constitucionales sobre el derecho de defensa. El Tribunal considera probado, por unanimidad, que Garzón autorizó la grabación de las conversaciones entre los presuntos cabecillas de la trama “Gürtell”, Francisco Correa, pablo Crespo y Antoine Sánchez, con todos los abogados que fueran a visitarlos a la cárcel.
Incluso con sus defensores, sobre los que no tenía indicio delictivo alguno. Ahí, según el Alto Tribunal se produce la falla del ex magistrado de la Audiencia Nacional, pues al grabar y escuchar conversaciones entre imputados y defensores en los que se incluían manifestaciones autoincriminatorias, la Policía y la Fiscalía conocieron informaciones que impidieron a esas partes ejecutar un derecho de defensa eficaz.
Los siete magistrados de la Sala de lo Penal son claros. Sin un solo voto particular. “No se trata de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo. No es posible construir un proceso justo si se elimina esencialmente el derecho de defensa”.
Tras conocer el fallo del Tribunal Supremo, el juez ha contestado también con un duro comunicado a la decisión judicial en el que le reprocha que ha “eliminado toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados, abriendo espacios de impunidad” y en el que acusa a los siete componentes de la Sala de lo Penal de haber tomado una “decisión que es injusta y predeterminada, dentro de un procedimiento judicial dirigido para dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”. Es más, el ex magistrado, según las fuentes consultadas por este diario, “se ha permitido el lujo de acusar a sus compañeros de carrera de no haberle ofrecido un juicio justo, condenarle sin razón jurídica ni pruebas y además de imputarles la laminación de la independencia de los jueces en España”.
Evidentemente, tormenta política originada por los grandes defensores del juez, fundamentalmente Izquierda Unida y colectivos sociales de izquierda próximos al juez. Desde el Gobierno, respuesta de manual, “respeto a la decisión de los tribunales”. Desde el PSOE, también respeto a la decisión del Supremo, aunque con matices de reconocimiento personal a determinadas actuaciones del ex magistrado. El secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado “entristecido” por la sentencia porque “hoy me acuerdo de la lucha que hicimos juntos contra ETA”. Fuentes del PP consultadas por este diario subrayan que al nuevo secretario general del PSOE “también se le ha olvidado casualmente, que en la gran apuesta de su partido contra el PP, el caso Gürtell, el juez condenado hoy se fue un fin de semana de cacería con el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y en el que ambos coincidieron en una cena con el Comisario General de Policía Judicial, responsable de la investigación de esa trama, mientras los imputados permanecían en prisión durante todo ese fin de semana esperando a prestar declaración ante el juez. Por cierto, cacería que costó el cargo al ministro por cazar sin disponer del correspondiente permiso”.
Y el rizo lo ha rizado Gaspar Llamazares. Ni comparte ni acata la sentencia, según sus propias palabras. Analistas políticos consultados por “El Imparcial” subrayan el “ejemplo de democracia del diputado comunista. No me gusta la sentencia, no la acato. Extraordinaria muestra de respeto al Poder Judicial y extraordinario ejemplo para todos los ciudadanos disconformes con sentencias dictadas en los últimos meses, como la de Marta del Castillo, pero que la han acatado y respetado”.
Lo que parecía una tontería desde el punto de vista político, la sentencia del Tribunal Superior de Arbitraje contra el ciclista Alberto Contador, por su supuesto dopaje con clembuterol durante el Tour de Francia de 2010, ha provocado una crisis diplomática entre nuestro país y el vecino del norte.
La campaña lanzada por los medios de comunicación franceses contra nuestro deporte y nuestros deportistas, con monigotes parodiando a Rafael Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas, la selección española de fútbol, campeona del Mundo y de Europa, a Fernando Alonso y otros muchos deportistas, ha acabado con la paciencia del Gobierno. El ministro de Educación y Deportes, José Ignacio Wert, en declaraciones este jueves en el programa de Antena 3 “Espejo Público”, ha llegado calificar de actitudes xenófobas contra los españoles las acusaciones y actuaciones que los medios de comunicación franceses llevan a cabo contra nuestros deportistas. Es más. El embajador español en París, Carlos Bastarreche, enviará una carta al director del Canal Plus galo, emisor de esos guiñoles insultantes y acusatorios de supuestos delitos contra ciudadanos e instituciones españolas, por su falta de ética, y en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, por su “extraordinario mal gusto y su intento de hacer daño a la marca España”. El propio embajador galo en Madrid, y uno de los diplomáticos más respetados y admirados en nuestro país, por su gran labor en la colaboración en la lucha contra ETA, Bruno Delaye, ha intentado matizar las críticas contra nuestros deportistas procedentes de su país. En un comunicado, la representación diplomática gala subraya que “esta decisión del TAS sobre Contador no empaña de ningún modo la admiración que tenemos por el deporte español y sus resultados excepcionales. La Roja, Nadal, Contador y otros muchos han levantado pasiones entre los franceses. Es un testimonio de nuestra cercanía. No cabe duda de que los franceses siguen y seguirán entusiasmándose por los deportistas españoles”.
Efectivamente, como señalan las fuentes consultadas por “El Imparcial, “como se entusiasman con sus silbidos y abucheos cuando Nadal gana en Roland Garros o un ciclista español se sube al número uno del pódium en los Campos Eliseos tras ganar el Tour de Francia, dígase Pedro Delgado, Miguel Induraín, o Alberto Contador”. Por cierto, afirman las mismas fuentes, “los licenciados del Canal Plus francés podrían haberlo hecho mejor. La orina del guiñol de Nadal la podían haber echado en el Ferrari de Fernando Alonso, o incluso en el Renault, quizás marca francesa, en el que se proclamó dos veces campeón del mundo. Igual el coche francés entonces también iba dopado y por eso no se han atrevido”.


