La politización de la administración

La politización de la Administración Pública conllevaría la destrucción del Estado democrático en cuanto que desaparecerían los principios hipostáticos de toda Administración Pública, la objetividad, la imparcialidad, la transparencia, la accesibilidad, la independencia y la neutralidad del Estado para con todos los ciudadanos particulares. El veneno de esta politización de la Administración Pública podría venir envuelto en una especiosa redoma con el atractivo rótulo sobre el vidrio de “la evaluación del desempeño del puesto de trabajo del funcionario”. Es así que la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público ( ¿por qué se sustituye la voz “funcionario” por la de empleado público? ¿mala conciencia? ¿complejo de culpa? ¿significados reflejos? ¿sombría semántica connotativa? ¿deseo de integrar al personal laboral o eventual? ), señala en su “Exposición de motivos” que “hoy resulta ya socialmente inaceptable que se consoliden con carácter vitalicio derechos y posiciones profesionales por aquellos que, eventualmente, no atiendan satisfactoriamente a sus responsabilidades”. A primera vista la frase parece sacada de la factoría del buen sentido común liberal. ¡Nada de funcionarios ineficaces, desobedientes y vagos! Estamos de acuerdo.

Pero dado que la evaluación del funcionario dependerá siempre de unos indicadores fijados por los criterios del legislador-político, tales indicadores podrían hacer referencia implícita más a la fidelidad del funcionario para con las leyes y órganos superiores que a la lealtad del mismo para con las mismas y los mismos. La fidelidad a la ley vigente tiene un componente marcadamente religioso y entrañablemente arcaico ( “fides” ), de obediencia ciega y visceral, que incapacitaría al mismo funcionario celoso – si no es hipócrita – para volver a prestar fidelidad ( “fides” ) a las leyes futuras e infinitamente sucesivas. Por el contrario, es la lealtad a la ley, la “legalitas” laica – y esencialmente republicana – la virtud que debe exigirse a todo funcionario mediante la cual se somete como un hombre libre – Hannah Arendt, Agnes Heller – a la ley y al absoluto principio de juridicidad.

Una de las cosas que uno aprende en la austera pero magnífica película “La solución final” es que uno de los mayores obstáculos que el nazismo encontró en la eliminación de seis millones de judíos fue precisamente el Derecho Administrativo. Eran precisamente los llamados tecnicismos administrativos que regulaban la vida de los ciudadanos del Reich los que impedían matar con absoluta comodidad judíos de todas las categorías a las SS. Y es que el Derecho Administrativo es la mayor herramienta de control y racionalización del poder del Estado, así como la mayor instancia que impide la inmunidad del poder. Pone barreras y piedras en los zapatos de los gobernantes que complican sus abusos y las arbitrariedades del poder. El Derecho Administrativo se explicaba a los colegiales alemanes con la fábula de “Federico el Grande y el Molinero”.

Se cuenta que en una de sus fastuosas ampliaciones de su residencia real se encontró con un altivo molino que le dificultaba la visión del paisaje; por lo que el monarca en un principio intentó comprarle el molino al Molinero para solucionar el problema, pero éste se negaba venderlo a la Corona por su amor al trabajo de molinero y otras razones sentimentales. Federico entonces amenazó con quitarle el molino, y el Molinero replicó tranquilo afirmando que todavía había tribunales en Berlín. Es decir, el ejercicio del poder se encuentra limitado por lo que precisamente lo regula.

Tan vital es para la sociedad la competencia técnica de nuestros funcionarios como su independencia y neutralidad. Y en el fondo las dos cosas son la misma.