Los defensores de Garzón acusan al Supremo de "cómplice de torturas"

Varios miles de personas han secundado este martes el acto convocado por UGT y CCOO en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para denunciar "la persecución" contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo.

En el acto han participado el rector de la UCM, Carlos Berzosa, el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, así como los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y ha contado con la presencia de intelectuales, actores, estudiantes y representantes del mundo de la política como el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Pasqual Maragall.

Méndez ha calificado la apertura de la investigación contra Garzón en el Tribunal Supremo como una auténtica "vergüenza histórica" instigada por los "hijos de la dictadura", que pretenden que el franquismo siga impune y que Garzón se convierta en otra víctima del franquismo.

Fernández Toxo ha añadido que UGT y CCOO no están cuestionando la transición, como ha denunciado algún dirigente político, pero sí pretenden "restablecer y recuperar" la memoria de las víctimas, y ha asegurado que "la Ley de Amnistía no puede amparar el genocidio".

Jiménez Villarejo se ha llevado los mayores aplausos del auditorio tras un discurso en el que ha denunciado "el atropello impropio de un Estado democrático" que se está cometiendo, y ha acusado a los magistrados del Tribunal Supremo de constituirse en un instrumento de la "actual expresión del fascismo español" por admitir las querellas de Falange Española y Manos Limpias. Además, ha acusado a estos jueces de haber formado parte del "Tribunal de Orden Público- del franquismo" y de haber sido "cómplices de torturas".

"Atentado contra la democracia"
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha calificado el acto como un "disparate" y un "atentado contra la democracia" que trata de "presionar" al juez Luciano Varela. Según dijo, si estuviera afiliada a una organización sindical se sentiría "avergonzada" ante este tipo de actuaciones.

"Es un atentado clarísimo contra la democracia, contra el Estado de Derecho y hacen muy poco favor a la democracia y a la independencia del poder judicial los sindicatos con estas actuaciones", denunció la 'número dos' del PP.