¿Reformar para que los parlamentarios trabajen más?

Los presidentes del Congreso y del Senado han planteado reformar la Constitución para ampliar el periodo de trabajo de las Cámaras parlamentarias. El artículo 73 de la Norma constitucional dispone que los meses de enero, junio y julio, salvo que se decida lo contrario, son meses inhábiles. Es decir, sin actividad oficial, y a los efectos prácticos, el Congreso y el Senado no legislan, ni el Gobierno está obligado a responder en ambas Cámaras y a los parlamentarios individualmente, de acuerdo con los plazos que rigen durante los nueve meses hábiles.

Compartiendo las preocupaciones de los presidentes sobre la necesidad de prestigiar el trabajo de nuestros parlamentarios nacionales, sin embargo, no soy partidario, por razones de forma, y también de fondo, de modificar la Constitución en ese artículo concreto. Me parece que los constituyentes, una vez más, acertaron con la redacción del artículo 73.

El trabajo de los parlamentarios no es un trabajo como los demás. No se debería valorar como si fuese la actividad laboral de un profesional de la agricultura, de la industria o de los servicios. No tiene nada que ver, aunque los parlamentarios cobren un salario por lo que hacen, y desde luego, deben procurar hacerlo bien, con dedicación, y aunque esto hoy no se valora positivamente, con profesionalidad.

Es una actividad voluntaria. No está sujeta a horarios y sus derechos y obligaciones tampoco se pueden entender como los de cualquier persona que trabaja en las sociedades actuales. De su trabajo, en última instancia, responde el parlamentario ante sus electores, y en un nivel anterior, ante la Cámara a la que pertenece, y ante su presidente, de acuerdo con lo que establece su reglamento.

Yo tuve que estudiar el caso de los tres senadores de HB que no acudían (premeditadamente) a trabajar a la Cámara. Sus electores estaban de acuerdo con esa inasistencia, y también estaban de acuerdo con que cobrasen sus sueldos. No voy a relatar las sutilezas jurídicas que tuvimos que aplicar para privarles legalmente de sus remuneraciones parlamentarias. Y las extremas garantías que nuestros parlamentarios disponen son las mismas que existen en todos los parlamentos democráticos.

Es un trabajo que se justifica en algo tan importante y profundo como es la “soberanía nacional”. Y es populismo exigir a esos representantes elegidos que trabajen “como una persona corriente”. Eso se predica para los “parlamentarios” que aplauden todos a la vez, se visten iguales o parecidos, opinan de igual o parecido modo. El caso típico —y no es el peor- sigue siendo el de los diputados de la República Popular China. ¡Miles escuchando, aplaudiendo y votando con un orden ejemplar! Representar al pueblo soberano supone cosas distintas.

Dicho lo anterior, la propuesta de suprimir los periodos inhábiles de las Cortes Generales, primero, no parece que sea necesaria. El artículo 73 establece cómo y quién puede solicitar una sesión extraordinaria para trabajar durante los meses de inactividad. El Gobierno tiene esa capacidad. Y es lógico. También lo es que pueda tener unos meses sin las obligaciones de estar sometido al control parlamentario y a las sesiones en las que se legislan asuntos que afectan a los ministros. Los Gobiernos parlamentarios dedican mucho tiempo a las Cámaras. Necesitan otro tiempo para pensar a solas sobre las tareas de gobierno.

Segundo, los parlamentarios no se van de “vacaciones” durante tres meses. Y si se van, sus electores deberían saberlo para juzgarlo. El contacto con los electores es precioso. Se toma el pulso de una sociedad. Se comprenden los problemas, las aspiraciones, las críticas, las opiniones, etcétera. Siempre he creído que esa relación —muchas veces agotadora- establece el compromiso esencial del representante con el pueblo.

Luego está la preparación del trabajo parlamentario. ¿O es que ustedes piensan que la actividad parlamentaria es sólo pronunciar discursos? Les contaré un recuerdo que resume lo que quiero explicar. Julio de 1979. Vacaciones parlamentarias. El proyecto de ley del Tribunal Constitucional había entrado en el Senado. Estaba en “stand by”, sin que corriesen los plazos. Yo era un portavoz novato, que además, en aquel momento, no tenía “jefes”. Unos meses antes, Felipe González había dimitido como secretario general del PSOE, y con él, todo su equipo político y parlamentario. Los dos ponentes socialistas, Plácido Fernández Viagas y yo mismo, nos enfrentamos con un proyecto que nuestros compañeros habían rechazado en el Congreso. Plácido y yo, sin nadie a quien preguntar (lo hicimos, pero nadie quería asumir responsabilidades en aquella situación), escribimos las enmiendas, y empezamos a hablar, informalmente, con los tres ponentes de la UCD: Carlos Calatayud, Antonio Pérez Crespo y Manuel Villar Arregui. Sería muy largo explicar cómo fuimos capaces, en aquel septiembre, de ponernos de acuerdo en el Senado. Logramos el consenso con la primera —e importantísima- ley orgánica.

Gracias a esos dos meses inhábiles tuvimos la oportunidad de llegar a un gran acuerdo. ¡Es un trabajo extraño el de los parlamentarios! ¡Por eso es un trabajo muy difícil! Es vocacional. Aceptar la personalidad individual del parlamentario es respetar el pluralismo ideológico. No creo que se necesiten obligaciones tasadas de trabajo. Lo que parece necesario es que se abran oportunidades para el trabajo libre y creativo de los representantes que elegimos.