¿Se pueden limitar los impedimentos a un pacto nacional?

La grave situación que padece España hoy, explica que crezcan a diario voces y escritos que plantean la necesidad de fraguar un gobierno de emergencia nacional. Estas proceden, como en los prolegómenos de la Transición, de sectores elitistas, aunque los últimos sondeos indican el pesimismo ciudadano y la desafección política. Pero una primera traba es que desconocemos si los ciudadanos apoyan un gobierno de este tipo, porque esta cuestión no se ha incluido en los sondeos y encuestas.

Otra traba y manifestación de esta crisis es que la dinámica política de los últimos seis años identifica al sistema político español actual con una variante del modelo mayoritario (modelos de democracia de Lijphart) y su alejamiento del consenso de la Transición que duró, con mayor o menor fortaleza hasta 2004. ¿Por qué? Porque han resurgido viejos conflictos (centro/periferia, iglesia/estado y recientemente capital/trabajo) vinculados a políticas y decisiones adoptadas por el Gobierno de España, muchas ensayadas en Cataluña: estatuto de Cataluña, aborto, pensiones, memoria histórica…. . Son contrarias a los principios que forjaron la Transición y a la poliarquía que requiere además de formular y manifestar preferencias, “recibir igualdad de trato por parte del gobierno en la ponderación de estas” (Dahl). Esta premisa no se aplica y es el principal impedimento al pacto nacional, porque Zapatero mantiene hoy la vigencia del Pacto del Tinell, que excluye de cualquier acuerdo al partido que representa a un tercio de los electores. Otro tanto ha ocurrido con decisiones contra los católicos que siguen siendo el 76% de los españoles, según indican todos los barómetros del CIS.

El protagonismo que en este sistema político tiene el presidente de gobierno y líder del partido mayoritario, le traslada gran responsabilidad en lo acontecido, dado el sistema de fusión de poderes y dominio del gabinete. Sin embargo, los otros partidos y especialmente la sociedad civil han de determinar lo que se ha de hacer. Esta última afirmación puede parecer una obviedad, pero exige tenerse en cuenta en un momento de crisis, cuando crece en la opinión ciudadana la desconfianza hacia lo público ( política, partidos, cargos e instituciones). Este dato que reflejan todas las encuestas se suma a un nuevo aumento de la abstención en diversas elecciones, especialmente en Cataluña. Así como la participación hasta ahora ha variado en función del tipo de elección y del contexto en que se celebraron, las contradicciones en las respuestas de una misma encuesta o sondeo aumentan. Sabemos que esto no es una novedad y que en parte obedece a la limitada fiabilidad tanto de algunos instrumentos de análisis demoscópico, cómo de su divulgación mediática. En contraste con lo que ocurre en otras democracias, especialmente Estados Unidos, en España apenas hay series temporales de preguntas sobre temas concretos, salvo las del CIS, limitadas por la vinculación gubernamental del Centro. Además, tampoco está arraigado en la sociedad española un comportamiento cívico activo y responsable, como el que se manifiesta en las sociedades anglosajonas.

¿Por qué hasta ahora no ha sido posible fraguar un acuerdo en la sociedad, basado en el ejercicio de la responsabilidad cívica comprometida en exigir transparencia y controlar el sector público?. En parte porque este comportamiento reactivo e inhibido de parte de los ciudadanos, obedece a que todavía persisten rasgos de la cultura política autoritaria. Pero también procede del carácter elitista que necesariamente tuvo la Transición política. Después, los gobiernos mayoritarios socialistas aprovecharon el comportamiento proclive a la dependencia de lo público de una parte de la sociedad, en sintonía con los principios intervencionistas y de control social que guían su acción política. Finalmente la cartelización de los partidos ha extendido este modelo a Comunidades Autónomas y ayuntamientos donde políticos de todos los partidos, han construido “gobiernos grandes” .

Estos cargos públicos hoy son en parte responsables de la crisis, pero también de las soluciones, como también lo es la otra parte de la sociedad que defiende la transparencia y poder controlar al sector público. De ahí la exigencia al Partido Popular de que ponga en marcha la cláusula nº 330 del Programa Gobierno, 2008, donde hoy gobierna. Crearemos una Carta de Transparencia con el Ciudadano que permita a los españoles conocer detalladamente el importe de los impuestos y cotizaciones sociales que aportan anualmente al conjunto de Administraciones y el coste de los principales servicios individualizados que reciben. Es seguro que el conocimiento de esta información, que manejan todos los ciudadanos en su ámbito privado fortalecerá la madurez y responsabilidad cívicas y contribuirá a forjar el acuerdo tan necesario para solventar esta crisis.