Transparencia es democracia y viceversa

En medio de una fuerte movilización social que exige mayor participación frente a la pobre democracia delegativa limitada prácticamente al voto cada cuatro años. En un contexto en el que la corrupción asusta por su amplio alcance e intensidad. Con un sistema de partidos que ha perdido toda su credibilidad. Ésta es la situación en la que se trata de gestar la Ley de Transparencia.

Bajo la ilusión de “amplio consenso” se esconde un pacto entre cuatro partidos, de doce presentes en el Parlamento. El 90% de los escaños no es, ni de lejos, el 90% de la población española. En realidad, PP, PSOE, CiU y PNV sólo hacen política en nombre del 56% del censo electoral y del 40% de los 47 millones de ciudadanos.

Una ley que desde el mismo principio debería haber sido producto de un borrador que representase a la gran mayoría de actores políticos y sociales, arroja en su primera propuesta enmiendas a la totalidad. Hemos de ser conscientes del calibre de esta nueva regulación, la cual se supone que debería establecer las bases para legitimar el sistema cuyas bondades defienden quienes intentan salvarlo mediante iniciativas como ésta. En teoría no debería haber prisa: lo importante no es dejar de ser el único país de la UE de más de un millón de habitantes sin Ley de Transparencia, sino redactar un texto útil de cara a someter a la clase política a un control efectivo.

La actitud lógica de los gobernantes es la de no ser controlados. No porque tengan premeditado aprovecharse ilegalmente de su posición de poder, sino porque siempre es mejor, aunque sea “por si acaso”. Los partidos políticos tratarán de proteger su información como lo hace una empresa de cara a la competencia o un equipo deportivo de cara a su contrincante, pues es ésta la forma en la que funcionan dichas agrupaciones.

Sin embargo, un partido jamás debería tener miedo a revelar detalles sobre su funcionamiento. Un partido jamás debería contemplar la posibilidad de avergonzarse de ninguna de sus prácticas. Un partido siempre debería poder justificar cada uno de sus movimientos. Por lo tanto, la inclusión de estas agrupaciones en una ley de transparencia es incuestionable, y aun así, fue vulgarmente cuestionada durante el proceso. Es sencillamente ridículo poner en duda el carácter público del trabajo realizado por este tipo de actores políticos. Aunque no recibiesen ni un duro de la Administración Pública, son precisamente éstos quienes deciden cómo se gestionan sus fondos.

Más aún, la ciudadanía debería exigir y valorar esa transparencia tan ausente y perseguida al mismo tiempo. De hecho, lo ideal sería la voluntariedad del sometimiento a dicha ley por parte de los partidos, para ver hasta qué punto los votantes valoran su compromiso con las buenas prácticas.

Por todo ello, es totalmente absurdo que la política trate de controlarse a sí misma “desde dentro”, como si redactase otra ley más. Es ridículo que las instituciones sean las que establezcan las bases para mantenerse a raya a sí mismas. Sin una aprobación “desde abajo”, esta ley nunca será un texto legítimo.