Una reforma imprescindible que llega un año tarde

Por fin un pacto entre el Gobierno y el PP desde que comenzara la crisis económica hace ya casi cuatro años. Aunque viene con retraso, puesto que Mariano Rajoy lo propuso en 2010. El líder popular ha dado su apoyo a la propuesta del presidente del Gobierno para reformar la Constitución con el fin de incluir un límite al déficit público, medida que habían solicitado Francia y Alemania a los países miembros de la eurozona para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo.

José Luis Rodríguez Zapatero ha aprovechado el debate en el Congreso de convalidación del paquete de nuevas medidas económicas adoptadas por el Consejo de Ministros para presentar su propuesta de reforma constitucional. El presidente del Gobierno ha subrayado que esta medida “ayudaría a fortalecer la confianza en la estabilidad a medio y largo plazo de la economía española y anunciado que ya trasladado anteriormente esta iniciativa tanto al líder de la oposición, Mariano Rajoy, como al candidato socialista, Alfredo P. Rubalcaba.

Y es en este punto donde han surgido las discrepancias. Aunque Rajoy ha asegurado que el PP votará a favor de la modificación de la Carta Magna, no ha escatimado críticas a la actitud mantenida por Rubalcaba hace un año cuando él propuso exactamente esta medida, concretamente el 25 de junio de 2010. Con su habitual ironía, el líder popular ha recordado “las descalificaciones, gracias y chanzas” que recibió de Rubalcaba, “una persona que demostró un alarde de conocimientos sin parangón”. A lo mejor, ha dicho, “ahora ha cambiado de opinión”.

El candidato socialista se burló del desconocimiento constitucional de Rajoy hace un año al afirmar que un cambio en la Carta Magna no podía hacerse tan rápido. Pero Zapatero ha insistido que la reforma debe hacerse cuanto antes. Y en este sentido, el presidente del Congreso de los Diputados ha dado la razón y dejado en evidencia a su contrincante en las próximas generales. Eso sí, ha advertido que PSOE y PP deberán presentar esta misma semana su propuesta de modificación constitucional, porque en caso contrario no habría tiempo antes de que se disuelvan las Cortes. Bono ha dicho que los servicios jurídicos de la Cámara han estudiado el caso y consideran que “medido milimétricamente hay tiempo para formar la Constitución” antes de la disolución del Congreso y el Senado.

Y también, como no podía ser de otra forma, los nacionalistas han puesto el grito en el cielo ante esta medida, sobre todo CiU y PNV. Esta reforma implicaría a todas las administraciones públicas españolas, incluidas autonomía, diputaciones y ayuntamientos. Josep Antonio Durán i Lleida ha asegurado que, aunque en un principio, está de acuerdo con la modificación espera que en la letra pequeña del acuerdo figure la posibilidad de que se puede saltar el tope de gasto en determinadas situaciones especiales. Fuentes de la Generalitat han asegurado que no están dispuestas a que la Constitución española marque el techo de gasto de catalán. En la misma línea se ha expresado el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Josu Erkoreka. Considera que el equilibrio presupuestario debe ser “una regla general inspiradora”, pero se ha mostrado “refractario a la idea de petrificarlo en la Constitución”.

Fuentes políticas consultadas por “El Imparcial” señalan que se ha perdido un tiempo precioso. “Si la modificación se hubiera producido hace un año es más que seguro que los mercados no hubieran tomado a España como uno de sus principales objetivos y nos hubiéramos evitado los momentos supercríticos que ha vivido la economía española en este mes de agosto”. También destacan que los “nacionalistas, como siempre, a lo suyo. Ni en esta situación son capaces de anteponer el interés general a sus intereses particulares”.

En el País Vasco, el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano ha intentado dar marcha atrás a las vergonzosas palabras que pronunció la semana pasada, cuando afirmó que ETA se había equivocado al asesinar en Cataluña. El dirigente de Bildu, tras las durísimas críticas que ha recibido, en las que incluso se ha llegado a pedir su dimisión o la presentación de una moción de censura, ha dicho hoy que no quiso “hacer ninguna distinción entre víctimas de ETA ni establecer categorías en función de su origen”.