La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha tomado la palabra para referirse por primera vez a las disputas en torno a la deuda argentina después de que el país haya entrado técnicamente en 'default' (suspensión de pagos) y ha comparado a los llamados 'fondos buitre' con la situación en Gaza. "Esto también es violencia, son misiles financieros que cuestan vidas", ha sentenciado.
En un discurso pronunciado en la Casa Rosada --sede del Gobierno-- y difundido a través de la televisión estatal, la mandataria argentina ha afirmado que quiere pasar a la historia "como la presidenta que defendió los intereses de los argentinos" y ha denunciado intereses que buscan tumbar a Argentina "porque vuelve a ser un país viable".
En cualquier caso, la presidenta ha insistido en que el país no está en suspensión de pagos, según ha informado el diario argentino 'La Nación', ya que el Gobierno quiere hacerse responsable de la deuda "de una forma justa y sostenible". "Van a tener que inventar una nueva palabra" porque 'default' "es no pagar, no impedir que se cobre", ha aseverado.
Asimismo, Fernández de Kirchner ha añadido que a 31 de julio "el mundo sigue andando y Argentina también", en referencia a la entrada del país en una suspensión de pagos, y ha insistido que el Gobierno ofreció a los fondos buitre las mismas condiciones que al resto de bonistas, algo que no han aceptado porque "quieren la sentencia casi usuraria que les da más del 1.600 por ciento de ganancias".
La delegación de la Asociación de
Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) encargada de negociar en Nueva York la compra de los títulos de deuda a los fondos especulativos vuelve a
Buenos Aires, tras fracasar las gestiones para evitar el cese de pagos, dijeron a Efe fuentes del organismo.
"La negociación fracasó y los representantes de ADEBA se están volviendo al país", indicó la portavoz de la asociación a Efe, confirmando el cierre de las negociaciones y la posibilidad de evitar que Argentina entrara en
suspensión de pagos.
La delegación está integrada por miembros de entidades de
capital argentino, que pretendían adquirir los bonos de deuda a los fondos especulativos y solicitar así una medida cautelar que desbloqueara los giros de dinero efectuados por el Gobierno de Cristina Fernández a los acreedores que se acogieron a las reestructuraciones de 2005 y 2010.
La Asociación de Bancos de Argentina la integran
27 entidades bancarias de capital argentino, entre ellos el Galicia, Hipotecario, Ciudad de Buenos Aires, Macro, Supervielle, de Córdoba, de Santa Fe, de San Juan y de Entre Ríos.
El Gobierno argentino agotó este miércoles el plazo de 30 días para cumplir con los acreedores de
deuda reestructurada sin alcanzar un acuerdo con los fondos litigantes, que obtuvieron un fallo favorable en Estados Unidos a su reclamo de 1.500 millones de dólares por deuda en mora desde el cese de pagos de 2001.
El Ejecutivo de Cristina Fernández
no reconoce la suspensión de pagos y reitera que Argentina ha cumplido sus obligaciones financieras con los acreedores de la deuda reestructurada y por tanto la responsabilidad de que no hayan recibido el pago recae en el juez Thomas Griesa.
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