Es muy cierto que la ley lectoral española es manifiestamente mejorable, sobre todo en algunos de sus aspectos. No es extraño ni descabellado, pues, que se proponga su reforma. A principios de este verano, el presidente del Gobierno planteó la posibilidad de realizar una modificación en el terreno de la elección de los alcaldes, proponiendo que lo fuera quien encabezara la lista del partido que obtuviera más votos. Este sistema tiene notables ventajas como una mayor estabilidad de los gobiernos municipales y una conexión más directa entre los ediles y la ciudadanía, a la par que viene a evitar una situación cuando menos chocante como es que el partido más votado se vea desplazado por alianzas más o menos coherentes entre formaciones que parecen buscar a toda costa tocar poder, desvirtuándose así el deseo de los electores.
Ahora, el asunto se ha retomado y especialmente los dos grandes partidos, tanto el PP como el PSOE, están ofreciendo un espectáculo no precisamente edificante. No resulta razonable que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se empecine en reformar la ley contra viento y marea, en solitario y sin consenso, y hacerlo de manera que ya entre en funcionamiento en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en 2015, o sea, como quien dice, a la vuelta de la esquina. La rapidez con la que el PP quiere saldar la cuestión se echa en falta en otras reformas políticas -aparcadas por el acento puesto en la economía-, que los ciudadanos demandan al Ejecutivo con mayor insistencia. Con quererla llevar a cabo ya, incluso sin alcanzar un acuerdo, se da argumentos a que ese empeño obedece a una operación partidista que persigue promulgar una ley que les beneficiaría y aseguraría que el PP continuará al frente de importantes alcaldías, en las que no se vislumbra de manera clara la mayoría absoluta. Tampoco es lógica la postura del PSOE rechazando de plano la idea y negándose no solo a negociarla “ni ahora ni nunca”, como han dicho los socialistas con contundencia, sino ni siquiera a debatirla. Pese a que, curiosamente, una propuesta similar a la que ha sugerido ahora el PP, se recogía en el programa del PSOE en 1998.
Los ciudadanos esperan que el Gobierno y la oposición, especialmente el PSOE a la cabeza de ella, no tengan una permanente postura de enfrentamiento y sean capaces de mayor altura de miras. El nombramiento del alcalde a partir del cabeza de lista de la formación más votada puede ser positivo y contribuir a la recuperación de la confianza en la clase política. En cualquier caso, exige y merece un debate con cierta calma que contemple las posibilidades o variantes que la reforma podría contener. No es, por tanto, acertado ni conveniente querer imponer la reforma sin alcanzar un consenso, con el PSOE y sin olvidar al resto del arco parlamentario, y hacer que entre en vigor a toda prisa en las cercanas elecciones municipales.
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