Ampliada la suspensión de desahucios y retiradas algunas cláusulas suelo

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que aumenta la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarían así excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, y ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía en mayo de este año.

El decreto ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y reducción de cargas financieras contempla que se eleve el limite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que ha sido posible porque la situación de la economía española ha cambiado. Entre los supuestos de especial vulnerabilidad, según explica un comunicado, estarán incluidos los mayores de 60 años.

También sube el límite del precio de compra de un inmueble, que podrá superar en un 20 % el precio medio que calcula el Ministerio de Fomento, con un límite de 300.000 euros o 250.000 para la dación en pago. Asimismo, se amplía hasta 2017 el periodo de suspensión de desahucios sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que se amplían en términos similares a los previstos para el Código de Buenas Prácticas. Esto supone que los deudores hipotecarios con buena fe que cumplan los requisitos podrán solicitar que no se les aplique las cláusulas suelo dos años más.

De Guindos ha indicado que el código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se han acogido al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se han paralizado más de 12.000 lanzamientos o desahucios.

En su último informe anual, el Defensor del Pueblo solicitaba la prórroga de esta medida, ya que, en muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas a la exención de las cláusulas suelo "no ha variado, por lo que al finalizar la suspensión se van a encontrar peor que cuando se adoptó la misma". De hecho, indicaba el informe del Defensor del Pueblo, la deuda hipotecaria a la que no habían podido hacer frente en su momento es ahora mayor.

Además, el pasado 25 de febrero el Tribunal Supremo acordó que la banca deberá devolver las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo declaradas abusivas a partir del 9 de mayo de 2013, fecha en la que anuló aquellas que no cumplieran con los criterios de transparencia.

Plan PIVE 7

Además, la vicepresidenta del Gobierno, Soroya Sáenz de Santamaría, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado, mediante real decreto, la convocatoria del Plan PIVE 7 por el que se conceden ayudas directas a la compra de vehículos eficientes. Según Santamaría, el PIVE ha tenido una favorable acogida y además ha tenido un efecto "positivo" sobre la economía y el medio ambiente.

La vicepresidenta ha destacado que no varía en esencia respecto a las anteriores ediciones y que está dirigido a particulares, autónomos, microempresas y pymes. Una de las novedades subrayadas por la vicepresidenta de la séptima edición del Plan PIVE es que el titular del vehículo de diez años que entrega para achatarramiento lo debe tener a su nombre desde un año antes de la solicitud de la ayuda. Asimismo, el vehículo deberá tener en vigor la inspección técnica de vehículos (ITV).

La ayuda directa que reciben las personas que se pueden acoger al PIVE es de 2.000 euros, de los que 1.000 los aporta el Estado y el resto el fabricante, marca o punto de venta adheridos al programa, que se pueden consultar en la página www.idae.es. Si el vehículo que se quiere adquirir es para un discapacitado o para familias numerosas (tiene que tener siete plazas) la ayuda sube hasta los 3.000 euros (1.500 el Estado y el resto el fabricante o concesionario).

El precio del vehículo adquirido, en el momento de solicitar la subvención, no podrá superar, antes de IVA o IGIC, los 25.000 euros, salvo para el caso de familias numerosas y vehículos con más de cinco plazas y para discapacitados, donde el precio se eleva hasta los 30.000 euros. Para vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables y de autonomía extendida el límite es de 40.000 euros, mientras que se queda en 20.000 euros si se trata de turismos convencionales (gasolina o diesel) que se encuentren clasificados como clase energética B y cuenten con emisiones de CO2 homologadas superiores a 120 g/km.

De acuerdo con los datos dados por la vicepresidente, con las ediciones anteriores del PIVE se han logrado sustituir más de 715.000 vehículos. Con el PIVE 7 se espera que se llegue a la cifra de 900.000 vehículos. El achatarramiento de estos vehículos y su cambio por otros más eficientes ha permitido el ahorro de 248 millones de litros de combustible, lo que equivale a millón y medio de barriles de petróleo y una reducción de gases de efecto invernadero de 513.000 toneladas de C02/año, ha precisado Santamaría.

Tarifa plana de 500 euros para contratos indefinidos

El Gobierno también ha aprobado el real decreto ley por el que se establece la tarifa plana de 500 euros para los nuevos contratos indefinidos, tal y como anunció el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el debate sobre el estado de la nación. Santamaría, ha explicado que los primeros 500 euros del salario de los nuevos contratos indefinidos no pagarán cotización a la Seguridad Social durante dos años.

Las empresas de menos de 10 trabajadores se podrán beneficiar durante un año más de una exención de 250 euros. El nuevo incentivo estará vigente desde el día siguiente a su publicación el BOE y por un período de 18 meses. La vicepresidenta ha informado de que se aplicará un tipo progresivo, de forma que el ahorro respecto de la cotización será mayor para los salarios más pequeños y después se irá incrementando.

Sáenz de Santamaría ha dicho que con esta medida se conseguirá rebajar progresivamente el coste laboral de las cotizaciones sociales. A modo de ejemplo, la vicepresidenta ha explicado que los trabajadores con salarios más elevados verán reducidas sus cotizaciones un 14 %, mientras que los trabajadores con salarios de 1.000 euros verán disminuir sus cotizaciones un 50 %. Los salarios más bajos, del último tramo, reducirán prácticamente un 70 % sus cotizaciones a la Seguridad Social.