El Tribunal
Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional la
Agencia Tributaria catalana en un fallo adoptado por la unanimidad de sus magistrados, reunidos este jueves en pleno, que acepta el recurso del gobierno central contra este organismo.
El TC suspendió en septiembre de 2015 la Ley de la Agencia Tributaria de Cataluña al admitir a trámite el recurso que presentó contra ella el Gobierno, basado en que la norma catalana integra a los funcionarios de la agencia en cuerpos dependientes de la Generalitat.
En esencia, la Agencia Tributaria Catalana o ATC, creada en 2007 tras la aprobación del Estatut tiene las mismas atribuciones que la Agencia Tributaria estatal, es decir,
"gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Generalidad de Cataluña", a excepción de los referidos al agua y los residuos.
Asimismo, "gestiona la recaudación per la vía ejecutiva de los ingresos de derecho público no tributarios de la Generalidad."
Pese a su nombre, la ATC no es una hacienda a semejanza de la de País Vasco, que recauda y después distribuye el gasto, sino que actúa como un intermediario entre el contribuyente y la Hacienda estatal. En la actualidad cuenta con
142 oficinas desde el pasado mes de mayo.
En 2015 la ATC costó a los contribuyentes catalanes
35,9 millones de euros.
En el último año, la ATC
catalana ha aumentado la recaudación de impuestos hasta los 18 millones de euros, sobre todo en concepto de IRPF e IVA, pero sigue llegando a pocos contribuyentes.
En 2015, sólo 178 personas físicas y jurídicas han tributado en la ATC (295 menos que en 2013) y aunque es usada por más entes públicos -104 frente a los 63 de 2013- sigue siendo minoritaria (en Cataluña hay 940 municipios).
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