La amenaza de reventarlo todo

El gobierno se ha visto obligado a liberalizar uno de los sectores más cautivos de la economía, que es el de los estibadores. No es una decisión suya, sino que viene impuesta por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La aplicación del acervo comunitario a este sector no podía resultar en un sentido distinto del de acabar con los privilegios de que gozan un pequeño número de familias a costa de los intereses generales.

En la actualidad, las empresas están atadas de pies y manos para contratar, y sólo pueden emplear a los trabajadores de las sociedades anónimas de gestión de estribadores portuarios, sagep, y además están obligadas a participar en ellas. Por esta vía imponen un férreo control de quién entra y quién no en el mercado laboral. El resultado son unas condiciones que nada tienen que ver con las del mercado. Imponen unos costes a la estiba que son un 53 por ciento de la manipulación de las mercancías, por un 38 de media europea. Los contratos son sólo de seis horas, lo que obliga con frecuencia a contratar horas extra, y la endogamia asegura el empleo a amigos y familiares, lejos de los criterios puramente profesionales que debían prevalecer. El sector está alejado de los estándares de tecnología y eficiencia de otros países. Y los sueldos, por encima de los 70.000 euros de media, no se corresponden con la realidad del mercado.

Los líderes de las sagep han amenazado con reventarlo todo si alguien les engaña, que es una forma torticera de decir que recurrirán a la violencia si el gobierno hace cumplir la ley. El recurso a la amenaza de violencia da la medida de hasta qué punto la justicia no está de su lado. El Estado moderno avanzó asumiendo, bien que nunca de forma plena, que no podía haber privilegios, y que las normas debían aplicarse a todos por igual, y que bajo su protección los ciudadanos deben luchar por su propio futuro en un entorno de libre y abierta competencia. Este rescoldo del antiguo régimen, con puestos que se heredan y prácticas excluyentes y coactivas, es un escándalo. El gobierno debe ser firme en el cumplimiento de la sentencia, y debe vigilar durante años para que no vuelvan a emerger las viejas prácticas.