Con una periodicidad candenciosa, aunque cada vez mayor, se producen las señales de alarma sobre el futuro del sistema español de pensiones. La última la ha hecho sonar el Banco de España, por boca de su gobernador, Luis María Linde. Sus palabras, siempre relevantes, adquieren en este caso una especial significación por cuanto han sido pronunciadas en el seno del Pacto de Toledo. Linde ha hablado sin ambages de volver a retrasar la edad de jubilación, que dentro de poco se habrá fijado en los 67 años.
Linde se ha referido a unas poderosas razones para plantear un nuevo retraso, cuando el que está en macha está a punto de completarse. Por un lado está el cambio demográfico. Según las previsiones del INE, los menores de 35 años vivirán más de 25 años jubilados después de haber cumplido los 67. El sistema actual no lo resiste. Hay otro cambio demográfico con una gran incidencia en el sistema, pero menos inexorable, que es el retraso en la entrada en el mercado laboral. Por último, la labor exige cada vez un menor desempeño físico y recala más en las capacidades intelectuales, que en los años en los que está fijada la edad de jubilación pueden estar a pleno rendimiento. El Gobierno, pronto siempre a negar cualquier inclinación a realizar ninguna reforma de calado, ha descartado a toda prisa adoptar esa medida.
El sistema sólo puede subsistir faltando paulatinamente a la promesa que ha representado desde el fin de la II Guerra Mundial; es decir, extrayendo más renta y durante más tiempo de los ciudadanos, y devolviéndole menos. Sólo podemos escapar a esa venganza de la realidad sobre las promesas de los políticos complementando su magro futuro con aportaciones privadas. Hacerlo es en sí un problema mayúsculo. Pero no es irresoluble, como se sabe desde hace casi tres décadas. Un ejemplo señero es la reforma en Suecia de los años 90’, que el Círculo de Empresarios ha propuesto como guía para nuestro país. Es un sistema mixto que se adapta a las necesidades españolas, y que es capaz de ajustarse a los cambios demográficos y convertir las aportaciones al sistema en capital, lo que contribuye a la riqueza del país. El retraso en la edad de jubilación nunca podría ser más que la constatación de que el actual sistema está ya agotado.
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