Ayer jueves el Parlamento tumbaba el decreto que pretendía reformar el monopolio de los estibadores portuarios. Dicho decreto pretendía dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -TJUE- que liberalizaba un sector trufado de prácticas monopolísticas y cuya reforma era insoslayable. En realidad –y ello lo hace aún más esperpéntico en un espectro político muy amplio, desde liberales hasta la izquierda- el último sindicato vertical del franquismo.
Con este veto, los grupos parlamentarios dan una imagen de España cara al exterior como estado miembro que ignora una resolución del TJUE, la más alta instancia judicial europea. Es más, pues, un acto de justicia que político stricto sensu, cuestión ésta que tanto la oposición como los sindicatos se empeñan en obviar. Especialmente significativa es la postura de Ciudadanos que, en apenas 12 horas, se desdijo de la palabra dada y votó en contra de la convalidación del decreto.
En este sentido, conviene recordar que Ciudadanos lleva en su programa la liberalización de los puertos, lo cual hace aún más incomprensible su último bandazo. Ayer no se votaba, pues, a favor o en contra del PP, sino por dar cumplimiento a una resolución judicial comunitaria que, además, pone coto a un sector cuya reforma es imprescindible. Nepotismo -únicamente se contrata a familiares y amigos, y las mujeres tienen el acceso vedado-, condiciones laborales impensables en cualquier otro ámbito y unos salarios muy por encima de la realidad del mercado son argumentos lo bastante sólidos como para que haya un consenso político que, inexplicablemente, no hay.
Si (
No(
