Cada vez son más los casos de personas que adquieren la nacionalidad española pese a su notoria peligrosidad social. El número sigue creciendo de un modo alarmante, y la principal responsable es la propia administración pública, con una inoperancia de todo punto inconcebible.
Así, muchos solicitantes de la nacionalidad española ven cómo apenas se comprueban tres de los requisitos fundamentales -residencia legal en el país por un tiempo determinado, integración y buena conducta- exigibles para obtenerla, mientras que a otros se les ponen todo tipo de trabas. Entre estos últimos hay una gran mayoría de personas trabajadoras que no sólo se beneficiarían de obtener la nacionalidad, sino que tendrían una aportación sumamente positiva hacia el conjunto de los españoles.
Frente a ello, delincuentes en activo a quienes no se fiscaliza de manera efectiva, y que siguen cometiendo delitos aquí amparados además por una ciudadanía que no merecen. Es el problema -viene de antiguo- de no cruzar los datos en modo alguno, originando que pasen desapercibidos antecedentes penales de sujetos con un riesgo para la sociedad más que patente. Y más allá de consideraciones demagógicas, urge que las autoridades pongan coto a semejante descontrol.
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