El desarme de ETA aún no se ha producido. Supuestamente, la organización terrorista comunicará a principios de abril la ubicación de los zulos donde guarda su armamento, aunque hay todavía muchos puntos oscuros. En primer lugar, está por ver que la banda entregue todo su arsenal, entre el que se encontrarían armas utilizadas en algunos atentados y, por consiguiente, susceptibles de ser utilizadas como prueba para incriminar a terroristas con causas pendientes.
Además, no sería la primera vez que la banda incumple su palabra. Por otra parte, está quizá ante una de sus últimas bazas propagandísticas, restándole solo la de su esperada disolución. Y hasta que ésta última no se produzca, ETA sigue existiendo. Derrotada sin paliativos y reducida a la mínima expresión, pero aún está ahí. Y, por tanto, jueces y fuerzas de seguridad del Estado deben persistir en su obligación: imponer la ley.
De ahí que resulte compresible la prudencia del Gobierno a la hora de poner fin a la política de dispersión o abordar la “generosidad” que piden la izquierda y los nacionalistas. Generosidad que, dicho sea de paso, nunca debe interferir en la acción de la justicia; en especial, si hay delitos de sangre. Sería tanto como premiar a quien ha cometido atentados.
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